El Gobierno nacional definió sus prioridades en seguridad y orden público para este año. Como era de esperarse, dentro de la agenda quedó priorizada su intención de reducir los delitos de alto impacto en Colombia y que por ende son los que más afectan a la ciudadanía.

Dentro de las estrategias está planteada la meta de erradicar manualmente 100.000 hectáreas de coca en este 2022, lo que se traduciría en una menor cantidad de droga circulando en las ciudades y que tendría un impacto a la baja de los homicidios y hechos delictivos derivados de esta problemática.

El argumento base para esta estrategia la afianzó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien a términos de 2021 señaló que la coca es el principal “combustible” de las economías ilegales y que estas solo propician el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones criminales.

La táctica agregaría un plus a la ecuación, pues el Gobierno estima que ayude a incidir en la tasa de crímenes contra líderes sociales y las masacres que se han venido registrando en territorios donde existe la mayor cantidad de hectáreas sembradas de coca.

Cifras del Gobierno sostienen que a lo largo del año pasado fueron erradicadas 103.100 hectáreas de coca, pero si miramos la cifra proyectada para este año, entonces esta será menor que la alcanzada en 2021. Y si hacemos una retrospectiva, a 2020 y 2019, la meta está muy lejos de superar los resultados de estos años. Y, según lo ha expresado el mismo Gobierno nacional en varias oportunidades, hoy hay más coca sembrada que antes del acuerdo de paz.

El informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito mostró que durante el año crítico de la pandemia (2020) el Gobierno alcanzó una reducción a 143.000 hectáreas, un 7 % menos que el área sembrada en 2019.

La meta se torna contradictoria además si se toma en cuenta que otro de los aspectos que contempla la estrategia de seguridad es el poner en marcha el ‘Plan Democracia’, con el que se busca garantizar que el proceso electoral de Congreso y de Presidencia de la República tenga todas las garantías de seguridad” y que para materializarlo, aseguró el presidente Duque, se necesita todo compromiso de los organismos de la fuerza pública, por lo menos, durante el primer semestre del año.

Lo anterior conllevaría a reducir la cantidad de uniformados destinados para los trabajos de erradicación manual por lo que esa meta desde ya se vislumbra un tanto inalcanzable, a menos que se organice bien la estrategia y los tiempos den para ejecutarla como se plantea.

Ante ese escenario, expertos en seguridad son más pesimistas y dicen que la proyección solo se podría lograr si “se reanudan las fumigaciones” y se “fortalece el control territorial” en zonas de economías criminales.

Pero para obtener los resultados esperados, estos planteamientos deberían ir de la mano con la consolidación de una política criminal que ayude a acabar con el tema del narcotráfico, además de una reforma a la política de drogas, que solo se podrían apalancar si se formula una estrategia contra el crimen organizado que contemple una lucha “más agresiva” contra el lavado de activos, que es en realidad el aspecto que mantiene a flote a los grupos criminales en el país.