El conflicto y los choques del Eln, las disidencias de las Farc, Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales organizados dejó una dolorosa estela de muertes y desplazamiento durante 2021 en Arauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca, especialmente.
El panorama al iniciar la primera semana de 2022 fue aún más desolador, pues ese monstruo de mil cabezas dejó al menos 26 muertos y decenas de desaparecidos en los municipios de Arauca, Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en las zonas de frontera con Venezuela.
Los ataques no han parado y en la última semana, entre el miércoles y el jueves, el Eln perpetró al menos una decena de ellos contra guarniciones militares y de policía, dejando un soldado muerto en Cesar y una veintena más heridos en Norte de Santander, Valle, Antioquia y Cauca.
Esta escalada violenta – señalan las autoridades– puede explicarse como una lucha territorial por mantener el control de las rentas ilícitas del narcotráfico, principalmente, y también la puesta en marcha de una campaña de despedida al Gobierno del presidente Duque en plena campaña legislativa y presidencial.
Esta situación de máxima tensión y alerta trae de vuelta el fantasma del desplazamiento. Al menos 2.400 personas han tenido que abandonar sus territorios solo en Vichada y Arauca en este inicio de año.
Mientras tanto el Gobierno y su fuerza pública responde con despliegue militar para intentar asegurarse el control de la zona, pero parecieran insuficientes las acciones ofensivas para contrarrestar el terror que pretenden sembrar estas organizaciones de cara a las jornadas electorales que se avecinan.
Para algunos analistas esta espiral violenta busca meter presión y medir el ánimo de los candidatos para un eventual diálogo o negociación de paz con el Eln, pero lo que se aprecia es que no hay disposición verdadera de abandonar la guerra en la que al final los más perjudicados son los ciudadanos que quedan atrapados en los choques entre grupos ilegales y con la fuerza pública que hace su tarea de combatir la criminalidad y el terrorismo.
El país no puede ceder al control y al miedo que buscan imponer los grupos armados irregulares. Es tarea del Gobierno, de las fuerzas militares y de la justicia combatir con toda firmeza la criminalidad que golpea las zonas rurales y urbanas. Pero, por otra parte, es necesario hallar fórmulas para controlar las rentas ilegales que tanto afectan al país y –aunque se torne una tarea casi imposible y compleja, por las características de estos grupos fragmentados y con múltiples cabezas– tantear opciones o vías de negociación y diálogos para evitar más muertes, secuestros, desplazamientos y homicidios.
