El trabajo infantil es un implacable enemigo que vulnera el desarrollo físico y sicológico de millones de niñas y niños, privándolos de sus derechos humanos fundamentales, principalmente el de tener una infancia digna. 160 millones de menores de edad, uno de cada diez del total de la población global, se encuentran atrapados por distintas formas de explotación laboral derivadas de condiciones de pobreza, inseguridad alimentaria y carencia de infraestructura educativa, que nadie debe consentir ni mucho menos promover, como si en realidad fueran la manera adecuada de sobreponerse a la precariedad socioeconómica a la que están sometidas las familias vulnerables. Resignarse a que esta esclavitud moderna continúe lacerando a las futuras generaciones es moralmente inaceptable.

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora mañana, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario LaboUR y la Alianza EFI ponen la mirada sobre las dramáticas circunstancias que rodean a 508 mil menores de edad, obligados a trabajar en Colombia por la necesidad de generar ingresos para sus hogares. Casi la mitad de ellos, un 45,6 %, se dedica a labores agrícolas en las zonas rurales. La radiografía de este flagelo en el país también revela que un 46,3 % lo hace sin recibir ningún tipo de remuneración, paga o sueldo, porque sus ocupaciones forman parte de ineludibles actividades familiares. Señal inequívoca de las “condiciones de precariedad del empleo de los demás miembros del hogar”. O lo que es lo mismo, de las “altas tasas de desempleo e informalidad”, tan propias del mercado laboral colombiano que suelen ir acompañadas de alarmantes índices de exclusión y desprotección social.

¿Quién cuida a los niños y niñas trabajadores, esos que vemos a diario en las calles de las ciudades explotados en los semáforos o arrastrando –hasta la madrugada– carretillas en las que acumulan material reciclable que han escarbado de la basura, solo por citar un par de casos? Su destino, invisibilizado por una sociedad que generalmente mira hacia el otro lado, en algunos casos había cambiado tras ser escolarizados o incorporados a planes de asistencia social. Sin embargo, la inesperada pandemia desencadenó preocupantes retrocesos en la progresiva reducción de esta problemática, a causa del inexorable aumento de la pobreza e inequidades sociales de los más necesitados. No se puede perder un minuto más para retomar esta lucha compartida que exige acciones más determinantes para erradicar el trabajo infantil, una plaga que amenaza con devastar las oportunidades de futuro de nuestros menores.

Si no se refuerzan las estrategias para frenar la tendencia creciente de pequeños, incluso de cinco o menos años, incorporándose a actividades laborales, y se ponen en marcha nuevas iniciativas para erradicar este azote –centrándose en combatir la pobreza, que es su principal causa–, Colombia tendrá que asumir, quién sabe por cuánto tiempo, los costos sociales de su inacción o limitadas decisiones. Las peores formas de trabajo infantil no solo apartan a los menores de un tiempo insustituible para educarse, aprender o jugar que los prepara para obtener un empleo decente cuando sean adultos. También los expone a enfermedades o accidentes laborales y problemas crónicos de salud que podrían afectar irremediablemente su trayectoria de vida.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su más reciente conferencia global, reiteró su compromiso para acabar con la explotación laboral infantil en 2025. Ciertamente, un objetivo ambicioso en el que apostará por más cooperación internacional, garantías de derecho de educación y acceso universal a protecciones sociales básicas. Suena ideal, pero aún no está claro si será posible concertarlo y materializarlo. En Colombia, los candidatos presidenciales poco o nada se han referido al tema, aunque han anticipado propuestas para reducir la pobreza, mejorar el ingreso de las familias, en particular el de las mujeres, y asegurar entornos protectores para los menores, lo que podría reducir presión o evitar que el trabajo infantil siga ganando terreno. Sin embargo, eliminarlo requiere medidas concretas. Frente a ello, no podemos equivocarnos. Hay que dar los pasos correctos para que esta situación no siga quebrantando sus derechos, dando lugar a sin salidas intergeneracionales de pobreza que solo conducen a más explotación.