Unas son de cal y otras de arena en Estados Unidos. Después de 49 años, el Tribunal Supremo de este país, en una controversial sentencia, dio por terminada la protección constitucional del derecho al aborto, indicando que la Carta Magna “no lo otorga” y devuelve la autoridad para legislar sobre el aborto al “pueblo” y sus “representantes electos”, con lo que cada Estado de ahora en adelante tendrá la potestad de decidir si lo mantiene o lo prohíbe. La determinación histórica, adoptada por una corte de mayoría conservadora reconfigurada a imagen y semejanza del ideario extremista del expresidente Donald Trump, supone una brutal regresión de casi cinco décadas a la salvaguarda de la salud sexual y reproductiva de las norteamericanas, que tras recibir este durísimo golpe contra sus derechos humanos y la igualdad de género se encuentran vulnerables, en particular aquellas de más bajos ingresos o de minorías étnicas.

Por donde se mire, la conmoción causada por el fallo, considerado como un revés para el Estado de derecho, a juicio de los sectores más liberales, y un motivo de celebración, para los más conservadores, no tiene precedentes. Mientras el presidente Joe Biden no dudó en considerar que era “un día triste” para su país porque “la salud y la vida de mujeres” estaba “en peligro”, la vicepresidente Kamala Harris indicó que por primera vez en la historia se les arrebataba a los ciudadanos un derecho constitucional, anticipando que “millones de mujeres” dejarán de tener “acceso a cuidados sanitarios y reproductivos”. No les falta razón. De un momento a otro, luego de esta sentencia, cuyo borrador se había filtrado hace varias semanas, las estadounidenses quedaron relegadas a ser ciudadanas de segunda, incapaces de ejercer su autonomía, y dependientes de quienes ahora podrán legislar de acuerdo con marcados intereses políticos e ideológicos. El asunto estaba bastante cantado y nueve estados republicanos se movieron con rapidez confirmando la ilegalización inmediata de la interrupción voluntaria del embarazo.

Como si se tratara de una bola de nieve que no parará de crecer, se calcula que al menos otros 14 estados darán el mismo paso en los próximos días. Al final, serán más de 37 millones de mujeres en edad reproductiva, residentes en estos territorios, a quienes se les restringirá su derecho a un aborto “legal y seguro”, de tal suerte que de necesitarlo se verían obligadas a recurrir a procedimientos clandestinos con potenciales consecuencias “dañinas o desastrosas” para su salud, como alerta ONU Mujeres. Más allá de los argumentos jurídicos, el nuevo entorno legal restrictivo establecido por el Supremo no reduciría los abortos, pronostican expertos que, por el contrario, advierten sobre más estigmas o abusos alrededor de quienes opten por ellos, fuera de sus estados, con crecientes riesgos de persecución o, incluso, de desplazamientos. Sin las protecciones legales, las mujeres perdieron su capacidad de vivir con dignidad, en tanto Estados Unidos se distanció de una tendencia progresista a favor de la autonomía femenina que logró que más de 50 países liberalizaran sus legislaciones sobre el aborto en los últimos 25 años.

Esta inédita sentencia podría ser la punta de un descomunal iceberg que amenaza con desatar un escenario con impredecibles efectos. El Supremo dejó abierta la puerta para tomar decisiones similares en detrimento de otros derechos como el matrimonio homosexual o el uso de métodos anticonceptivos. De ahí, el actual cataclismo social y político que presagia mucha más división entre demócratas y republicanos, con vistas a las elecciones legislativas de noviembre, el nuevo pulso por el poder en un Estados Unidos claramente partido. Como era de esperarse, el malestar ciudadano recorre las calles a manera de protestas, mientras el presidente Biden, para aplacar los ánimos, le pide al Congreso una ley federal que reestablezca lo perdido. Congreso que, por cierto, acaba de aprobar un acuerdo, también histórico, aunque sea de mínimos entre los dos bandos, para controlar las armas que espera la firma del mandatario, pese a que el Supremo ampliara el derecho a portarlas en público. Trump no está, pero su legado, a través de las sentencias de la Corte, anticipa duras batallas políticas y crecientes confrontaciones sociales por las libertades y los derechos.