Era cuestión de tiempo para que la tensión en el empalme entre los Gobiernos entrante y saliente se hiciera sentir. Integrantes del equipo del presidente electo, Gustavo Petro, pidieron la suspensión del cronograma y proceso de adjudicación de la APP - Megaproyecto Ruta Fluvial 5G Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, previsto para el 4 de agosto, en la recta final del mandato.
No son los únicos que lo han hecho recientemente, lo que a todas luces despierta inquietudes sobre si este es el momento más adecuado para echar a andar la iniciativa, una de las mayores apuestas del actual Ejecutivo, cuya inversión ronda los $3,1 billones: dos veces más de lo que costaba la frustrada APP del Río.
Hace pocos días, congresistas de distintas vertientes políticas y, principalmente, representantes de organizaciones afrodescendientes, palenqueras e indígenas, líderes sociales, campesinos y pescadores de la ecorregión Canal del Dique se mostraron contrarios a la asignación del contrato.
Sus reticencias convergen en un mismo punto. Insisten, porque no es la primera vez que lo dicen, en que el proceso, a punto de concluir, ha avanzado en medio “de incertidumbres, dudas e irregularidades, con las autoridades de espaldas, sin la debida socialización, y con la exclusión del derecho a la consulta previa”, lo que revela, según ellos, “una flagrante violación a la Constitución y la ley”.
No se debería menospreciar la defensa que estas comunidades hacen de los territorios que históricamente han ocupado en inmediaciones del Canal del Dique, en Atlántico, Bolívar y Sucre.
Sus preocupaciones resultan razonables no solo en términos socioeconómicos o ambientales, sino también frente a la protección de los restos de las víctimas de paramilitares que, según testigos, reposan desde hace años en el lecho del brazo artificial del Magdalena, y sobre el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares en junio de 2021.
Es más que evidente que la desconfianza de quienes deberían ser sus mayores beneficiarios lastra el rumbo de un proyecto de enorme impacto, concebido con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.
Ciertamente, la recuperación de los ecosistemas, el control de las inundaciones o las garantías de navegabilidad a lo largo de los 115 kilómetros que abarca la hidrovía, entre Calamar y Cartagena, son necesidades que se ajustan a demandas formuladas en distintos escenarios por los moradores del Canal del Dique. Sin embargo, ninguna solución a sus muchas problemáticas logrará ser.
