Regresaron los asesinatos de conductores de buses de transporte público a Soledad y Barranquilla. En menos de 48 horas, Willington José Hernández Borja, quien trabajaba para Cootrab, y José del Carmen Hernández Padilla, empleado de Coolitoral, fueron baleados por desconocidos, mientras realizaban sus habituales recorridos. Como si estos repudiables homicidios –los más recientes de una infame lista de sucesos criminales contra transportadores en el Atlántico– no fueran lo suficientemente escandalosos para un gremio sometido a zozobra constante por cuenta de las intimidaciones y atentados de bandas delincuenciales locales, en la tarde de este miércoles, tres automotores fueron atacados a bala en distintos sectores, poniendo en máximo riesgo a sus ocupantes. De milagro, nadie resultó herido, pero es realmente difícil encontrar una situación más caótica que esta, tanto para los conductores y sus aterrorizadas familias, como para quienes demandan a diario este servicio público esencial para movilizarse. Ni unos ni los otros tienen hoy mínimas garantías.

De hecho, es tan alarmante el deterioro de la seguridad de los conductores que estos se habían demorado en expresar su indignación por las hostiles circunstancias que atraviesan en la actualidad y que, cada cierto tiempo, ponen en jaque su medio de subsistencia. Su protesta, justificada en el temor genuino de ser la próxima víctima de la indiscriminada escalada criminal desatada nuevamente por una irrefrenable delincuencia, afectó la movilidad de un número considerable de habitantes de Barranquilla y Soledad que se quedaron esperando en la mañana y en la tarde de este jueves su transporte cotidiano. Muchos de estos usuarios también han sido víctimas de ladrones de buses que en cuestión de segundos los despojan hasta de los empaques en los que guardan sus almuerzos. Resignados, como si se tratara de algo inevitable per se, continúan sus trayectos, rabiando su indignación y preguntándose: ¿hasta cuándo tendrán que padecer robos y otros episodios de inseguridad ciudadana que hacen sus vidas más precarias?

Como hemos insistido en otras ocasiones en este mismo espacio, la actual estrategia o modelo de seguridad deja mucho que desear por una simple razón: no ofrece los resultados esperados ni está frenando la expansión de las bandas delincuenciales. Su enfoque se ha concentrado en sumar capturas de sus integrantes, lo cual no es reprobable en sí mismo, pero cabría preguntarse entonces: por qué estas detenciones no han disminuido sustancialmente las afectaciones de quienes se quejan por la reiterativa vulneración de su derecho a la seguridad. Demasiados incidentes, cada cual más preocupante que el anterior, demuestran que las medidas adoptadas contra la comisión de delitos de alto impacto social, en especial la extorsión que afecta incluso a los vendedores informales, no son efectivas. Tampoco ha sido posible que los responsables de ordenarlos, pese a estar tras las rejas, sean controlados, lo cual es muy notorio. Por cierto, habría que explicar por qué se ofrece una millonaria recompensa por alias Castor y alias Digno Palomino, señalados de ser los autores de las llamadas extorsivas contra los transportadores, si están presos en Venezuela, de acuerdo con la última información de la fuerza pública. ¿O no es así?

Con toda la autoridad, formación y recursos con los que cuentan, los alcaldes de Barranquilla, Soledad y Malambo, al igual que la Policía Metropolitana, no deben ser ajenos a esta crisis de seguridad que amenaza la convivencia ciudadana ni dejar de asumir las responsabilidades que les corresponden. Sobre todo, tras el pésimo precedente que ha marcado los más recientes asesinatos de los conductores. Con demasiada premura, casi que antes que se produjera el levantamiento de sus cuerpos, la Policía descartó la extorsión como hipótesis, indicando en ambos casos que los crímenes obedecerían a móviles personales. Grave error, irresponsable por demás, que revictimizó a las familias de los fallecidos, una de las cuales se manifestó desconcertada. No por mucho madrugar amanece más temprano. Ni especulaciones ni medias verdades, mucho menos desinformación que llame a la confusión: las palabras erróneas suelen perseguir hasta el final de sus carreras a los funcionarios públicos. Que la imprescindible lucha contra la criminalidad no se juegue con cartas marcadas.