Más vale tarde que nunca. En la cuenta atrás para concluir el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Salud saca por fin a consulta pública la resolución para el etiquetado frontal de advertencia sobre el contenido nutricional de productos ultraprocesados, con edulcorantes o exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas. Esos mismos que a diario consumen los niños, también muchos adultos, sin conocer en profundidad el enorme daño que provocan a su salud debido a la ingesta excesiva de calorías. La obesidad o la malnutrición, por una inadecuada alimentación, es un detonante inexorable de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, además de asma o problemas de salud mental, en especial entre los menores de edad. Al estar asociado a más muertes que otros factores de riesgo, el exceso de peso, cercano al 60 % en Colombia, no solo amenaza vidas, adicionalmente tiene costos económicos, en general impagables para las familias vulnerables. Si no actuamos con absoluta contundencia frente a un problema de salud pública tan implacable, es que no hemos entendido nada.

Si bien es cierto que el acto administrativo da cumplimiento a la Ley de Comida Chatarra, aprobada por el Congreso de la República hace justo un año, también queda claro que el ministerio no tuvo otra opción que recular frente al contenido de su propia resolución, la 810 de 2021, duramente cuestionada por la debilidad de su compromiso con la promoción de entornos alimentarios más saludables. La norma contemplaba un etiquetado frontal con sellos circulares, dibujos en el centro y el mensaje de “alto”, frente al que grupos de la sociedad civil y la academia se expresaron decepcionados. Básicamente, porque no respondía a la contundencia esperada para despertar conciencia social entre los ciudadanos sobre el riesgo que corren ni para asegurar medidas regulatorias categóricas que les facilitaran tomar las mejores decisiones a la hora de comprar lo que comen.

Es de lamentar el tiempo perdido en extenuantes controversias entre los actores implicados cuando es evidente que a todos les asiste el amparo de los derechos a la salud, la alimentación y el acceso a información que favorezca el bienestar común. Por eso, ni antes ni ahora debería haber sido tan difícil seleccionar el etiquetado más adecuado o efectivo, el de octágonos. Entre otras razones porque es abundante la evidencia científica que lo ha avalado como el más pertinente para materializar los objetivos antes señalados, que además se encuentran en sintonía con insistentes recomendaciones de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) u organismos similares sobre prioridades nutricionales. Pero, es bien sabido que el diablo está en los detalles y el ministerio, solo después de evaluar los resultados de un estudio contratado con la Universidad de Antioquia, ha concluido que la forma octagonal, el color negro y el texto “en exceso” eran los más apropiados “para capturar la atención” de los compradores.

Discusión zanjada, aunque a la vuelta de la esquina ya se ha levantado una nueva polvareda por los términos para su puesta en marcha. Solo sería en diciembre por los pasos previos que deben surtirse, aunque el nuevo gobierno y, puntualmente la ministra Carolina Corcho, tendría el sartén por el mango para acortarlos. Quienes no deben estar tan contentos son los representantes de la industria de alimentos, muchos de los cuales se habían lanzado a comercializar sus productos con el sello circular, el de la resolución que será modificada. Para ellos, habrá una moratoria hasta que agoten sus etiquetas. En fin, nunca es tarde si la dicha es buena, y todo esto nos confirma que frente a la defensa de la salud, que es la vida misma, ningún conflicto de interés personal ni económico debe tolerarse. Considerarlo de otra manera resulta mezquino, pero nunca faltarán quienes nos consideren idiotas.

Por el deterioro de su capacidad adquisitiva, comer saludable es un deseo inalcanzable para los más pobres que acuden a la comida chatarra o a los ultraprocesados, por lo regular más baratos, para alimentarse. En realidad, hipotecan su calidad de vida futura. Se necesitan acciones para enfrentar el hambre, pero también educación para que todos aprendamos a comer si queremos lograr cambios sustanciales.