Que la cosa se va a poner peor, de eso no cabe duda. La insufrible pendiente inflacionaria nos lo recuerda a diario. Hasta dónde podremos soportarlo, es lo que aún está por verse. El progresivo incremento de las tarifas de energía en la región Caribe amenaza con convertirse en una bomba de relojería con potencial desestabilizador. En solo 12 meses, contados entre junio de 2021 hasta el mismo mes de 2022, el aumento escaló al 73,7 % en Barranquilla, donde guardadas las proporciones nadie se salva del ramalazo. Ni familia pobre ni rica, comercio formal e informal, negocio de microempresario o emprendedor, tampoco las grandes industrias ni los establecimientos de ocio. Es una realidad incontestable que deberá encarar sin falta el próximo gobierno porque el que se marcha definitivamente no supo dar respuesta a este polvorín en ciernes que podría en el momento menos pensado desatar un incendio social sin control.

Imposible vivir sabroso cuando la factura de la energía es lo más parecido a una espada de Damocles con corte mensual a la que se debe enfrentar sin tener claro cómo o con qué hacerlo. No es un asunto de falta de voluntad o desinterés, sino de recursos, incluso de prioridades: ¿se paga el recibo o se dejan de comprar comida o artículos de aseo? Si en hogares de nivel socioeconómico estable la cosa se empieza a poner color de hormiga, entre los más vulnerables, los de estrato 1, a los que les llegan recibos por $150 mil, cuando su línea de pobreza es de $161 mil, el desespero roza la enajenación. Que nadie se engañe, esta crisis –porque ciertamente tiene todas las características de serlo– va rumbo a la implosión si no se interviene para cambiar su sentido lo antes posible. Preocupa que no se vea la luz de ningún faro cerca.

En un debate de control político en el Senado, citado por la bancada costeña, el viceministro de Energía, Miguel Lotero, en un intento de edulcorar esta amarga situación, señaló que la inflación es una de las causas que ha disparado las tarifas en el Caribe. Sí, pero no. Claro que la carestía, padecemos sus efectos a diario y quien diga lo contrario miente, es uno de los factores que trae de cabeza a los habitantes de la Costa y del resto del país, por no ir más allá. Pero, viceministro lo sabe bien, los señores de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, expidieron una resolución –amparada en la ley– que autorizó el cobro, vía tarifa, de lo calculado por las inversiones exigidas a los nuevos operadores Air-e y Afinia, para aumentar los niveles de calidad del servicio, y de lo correspondiente a las pérdidas técnicas y las no técnicas, es decir los hurtos o manipulación indebida de las redes eléctricas. El resultado es una muñequera descomunal que está noqueando a los usuarios de manera absolutamente descarnada.

El discurso del viceministro, por tanto, no es aceptable. Tampoco lo son las explicaciones del director ejecutivo de la Creg, Jorge Valencia, quien dijo en el mismo debate que la entidad “debe velar por tarifas eficientes y servicios adecuados, pero también para que las empresas puedan recuperar los costos en que incurren”. Pues, eso no es lo que ocurre con exactitud. La desazón de los usuarios en la Costa frente a los impagables valores de su factura demuestra que la Creg cumple su labor a medias. Los actuales operadores, aunque no todos podrían estar de acuerdo, sí han mejorado los indicadores de interrupción del servicio y ejecutan las billonarias inversiones comprometidas. Pero, hay que señalarlo con total franqueza, sin caer en retóricas populistas o facilonas, el disgusto o la decepción de los usuarios por lo que están viviendo empaña cualquier gestión favorable con beneficios tangibles. Lo otro es carreta.

El punto de equilibro luce cada vez más distante. Mientras más presionados los ciudadanos por el alza de tarifas, las más elevadas del país, menos capacidad de pago tendrán. Tampoco interés para normalizarse, en el caso de los sectores que aún no lo han hecho. En últimas, los operadores podrían no ser capaces de sacar adelante su plan de reducción de pérdidas y en el peor de los casos, lo cual no es descartable, no tendrían cómo pagarle a los generadores, uno de los actores de la cadena al que habría que pedirle asuma su corresponsabilidad en esta crisis. Círculo vicioso o callejón sin salida, el eufemismo es lo de menos, lo difícil será encontrar el camino hacia la solución más viable en el corto plazo: esquema tarifario diferencial, fondo de estabilización, que el Estado asuma el costo de las inversiones en vez de los operadores… Ahí están las propuestas, se hace necesario debatirlas con sentido realista evitando que los costeños sigamos siendo arrastrados a la pobreza energética por los errores de un Estado incompetente que miró hacia otro lado en plena debacle de Electricaribe. Hasta que la dignidad de tener una tarifa de energía justa se haga costumbre.