Todo alrededor del proceso de licitación para escoger un nuevo operador del servicio de acueducto en Soledad ha estado plagado de trabas, dificultades y observaciones por parte de las entidades relacionadas con el sector y de los organismos de control.

Desde que se anunció la intención de la Alcaldía de hacer el proceso para entregar bajo unas nuevas condiciones la operación del servicio de agua, las alertas se multiplicaron por el impacto que podría tener en las tarifas de buena parte del Atlántico al romper con la regionalización del mercado de agua a cargo de Triple A, la cual opera en Barranquilla y en 14 municipios del departamento.

Pese a todas las advertencias, el alcalde Rodolfo Ucrós presentó al Concejo el proyecto de acuerdo que terminó facultándolo para celebrar contrato de concesión y comprometer las vigencias futuras de los próximos 25 años para garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

La decisión del Concejo municipal de aprobar la iniciativa motivó la indagación preliminar a los miembros de la corporación por parte de la Procuraduría Provincial. Previamente el Ministerio Público había advertido al Cabildo y al municipio sus preocupaciones por el posible incremento de las tarifas con el cambio de operador, entre otros aspectos del proceso licitatorio para este fin. Como por ejemplo que se abrió por el total del mercado, cuando Triple A opera el 52 % bajo el régimen de libre competencia desde hace muchos años.

A esto se sumó esta semana la demanda de la Gobernación ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para que determine la validez del acuerdo municipal que facultó al alcalde para abrir la licitación, teniendo en cuenta como principal argumento que se desconocieron las exigencias para comprometer vigencias futuras.

El gran riesgo para los habitantes de Soledad es que se venza el contrato actual con Triple A –el próximo 17 de octubre– sin que la Alcaldía haya logrado adjudicar la operación a una nueva firma, o que la adjudique y posteriormente el Tribunal decrete la nulidad del acuerdo que permitió la licitación. ¿Qué pasaría entonces con la prestación del servicio a los soledeños?

Frente a este panorama de incertidumbre jurídica y lo que puede venir para los habitantes de Soledad, la Procuraduría requirió nuevamente al alcalde Ucrós para que informe, entre otras, cómo garantizará la continuidad y calidad del servicio, pero sobre todo para que responda si considera prudente seguir adelante con la licitación cuando el Tribunal del Atlántico evalúa la validez del acuerdo que lo facultó para hacerlo.

Son demasiados interrogantes, demasiados cuestionamientos, muchas advertencias de control que no hacen que el futuro pinte bien para un tema de extrema sensibilidad e importancia para un municipio, como lo es la prestación de un servicio público vital: el agua. Seguramente el gobierno del alcalde Ucrós tiene la inobjetable intención de mejorar la calidad y condiciones del servicio para sus gobernados, pero sería prudente un compás para revisar, reflexionar y considerar, con todos los argumentos expuestos, qué es lo que más conviene al municipio y sus finanzas a futuro. Son muchos riesgos frente a tanta incertidumbre jurídica como para continuar adelante.