No son pocas las cuestiones difíciles de solventar que ha asumido, tras su posesión, el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el ingeniero William Camargo, uno de los hombres de confianza del mandatario Gustavo Petro en temas de transporte, movilidad, planificación urbana e infraestructura social. En su listado de tareas pendientes, considerando únicamente las que corresponden a nuestro entorno más cercano en Barranquilla, Atlántico y una parte de la Costa, aparecen en los primeros lugares: asegurar condiciones estables de navegabilidad del río Magdalena, tras su fallida APP, al igual que definir el futuro del megaproyecto de restauración del Canal del Dique, el de la culminación de las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz o el de la construcción de los kilómetros faltantes, al menos 60, de la doble calzada a Cartagena. Y nos quedamos cortos.

El caso es que trabajo no le va a faltar porque atenazado por la herencia del anterior Gobierno que “olvidó” sacar adelante “prioridades para el país”, en especial la intervención en el Dique, como señaló recientemente el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el presidente de la ANI tendrá que tomar decisiones trascendentales que no dan más espera. Todos estos asuntos sobre su mesa resultan imprescindibles si el actual Ejecutivo aspira a jalonar el desarrollo económico y social de la región Caribe, tan históricamente sumida en pobreza e inequidad. Establecer prioridades será parte fundamental del análisis racional que el ingeniero Camargo deberá hacer, midiendo el impacto de las obras que se encuentran a la espera de luz verde y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos que no es infinita.
Anticipar el futuro es clave en un momento de gran expectativa en el que se inicia un nuevo tiempo para ejecutar y en el que se hace necesario el diálogo y la concertación entre los distintos sectores –desde las comunidades hasta los gremios económicos, pasando por los gobiernos territoriales y los congresistas– para materializar iniciativas de infraestructura vial, férrea, fluvial y marítima que de una vez por todas nos encaucen hacia la intermodalidad. Pero sobre todo, hay que acabar con la manida estrategia de dilatar, dilatar y dilatar a la que nos han tenido acostumbrados los sucesivos dirigentes de turno, metiéndonos los dedos a la boca, luego de dejar a medias sus compromisos. Será porque estamos curados de espantos que recibimos las primeras declaraciones del presidente de la ANI a EL HERALDO con razonable pragmatismo.

Lo primero son los recursos garantizados para el dragado del canal de acceso hasta octubre. Se busca más dinero para extenderlo a diciembre y del Presupuesto General de la Nación dependerían las labores en 2023. Mientras, la ANI explora alternativas bajo otros mecanismos fortaleciendo la participación del sector público para asegurar una operación sostenible a largo plazo. Queda claro que la actual fórmula con privados es un barril sin fondo que no puede seguir prorrogándose sin fecha de caducidad. Lo del aeropuerto Cortissoz se plantea más desafiante, si cabe, debido a que el concesionario convocó un tribunal de arbitramento que impide activar nuevas sanciones por incumplimientos en la culminación de las obras. Pero al margen de la evolución del caso, no se prevén por el momento modificaciones ni ampliaciones del proyecto. En otras palabras, el margen de maniobra de mejora es bastante limitado.

Frente al contrato interadministrativo suscrito por la ANI para el mantenimiento del corredor Cortissoz-Inem, la agencia honrará su palabra, o mejor, su firma, pero busca formas alternas de financiación, entre ellas un nuevo peaje, con lo que ardería Troya, de eso no cabe duda. Por lo pronto, lo más urgente, por el acelerado deterioro de sus condiciones estructurales y ambientales es la revisión de los términos de la APP del Canal del Dique. Este viernes, una comisión del más alto nivel visitará Santa Lucía, en el sur del Atlántico, para escuchar a los habitantes de la zona antes de tomar una decisión definitiva sobre la adjudicación de las obras a un concesionario que deberá asumir, así lo señala el contrato, la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de los restos de las víctimas a sus seres queridos, en los tramos de su intervención. También se contempla atender demandas u otras reclamaciones sociales que surjan. El resto, merece ser leído con atención. Pero en definitiva, para entender más lo que pasa con estos grandes proyectos se requiere –insistimos– en un diálogo realmente participativo en el que todos sean considerados. Paso indispensable antes de dar como un hecho su viabilidad. Que sea una lección a valorar.