A tres días de que se cumpla el primer mes del mandato del presidente Gustavo Petro, en el que el eje de sus acciones ha girado en torno a lo que ha llamado paz total con la búsqueda de acercamientos con el Eln, suspendiendo las órdenes de captura contra sus negociadores, y la radicación de su iniciativa ante el Congreso para que se convierta en una política de Estado, el panorama en el país es de incertidumbre y zozobra frente al rumbo que pueda tomar el proyecto del mandatario para someter a los grupos armados ilegales del país, llámense guerrilla, disidencias o narcotraficantes.
Razones sobran. El cobarde ataque terrorista a un grupo de policías en el departamento del Huila que retornaban de cumplir una labor social el viernes en la tarde y que dejó siete uniformados asesinados y uno herido, al parecer a manos de disidencias de las Farc, no es más que la muestra de la poca o nula voluntad de estas organizaciones criminales de acabar con la violencia y aceptar, al menos no fácilmente, las condiciones de negociación del Gobierno nacional.
El presidente Petro se desplazó de inmediato a Neiva y ordenó movilizar toda la institucionalidad e instalar un PMU para atender la investigación por este ataque, el más grave que se haya cometido desde su posesión el pasado 7 de agosto, y el más grave desde el atentado conrta la Escuela de Cadetes General Santander en el gobierno Duque, y que calificó como “un claro saboteo a la paz total”.
A este doloroso episodio que enluta al país lo han antecedido muchos otros a lo largo del año, como el plan pistola ejecutado por el Clan del Golfo, que dejó 36 policías asesinados hasta el mes de julio, y también el ataque con explosivos a la subestación de Potrerito en Jamundí, el pasado mes de agosto.
Al margen de estos sucesos –gravísimos por demás– ha habido otros que tienen que ver con el irrespeto a los miembros de una institución que ha sido estigmatizada por cuenta de las acciones de unos pocos miembros que no han honrado el uniforme. Por ejemplo, el caso del ciudadano que en Chía, Cundinamarca, hace apenas unos pocos días, se sintió con el derecho de humillar y golpear a un patrullero sin ninguna razón y este no respondió – tal vez por temor a una investigación por abuso de autoridad–, ni qué decir del bochornoso espectáculo del congresista del Pacto Histórico Alex Flórez, que en un aparente estado de embriaguez insultó a los policías que lo requirieron por su comportamiento en un hotel en Cartagena y los llamó “asesinos”.
Es imposible no cuestionarse, no preguntarse, si la campaña de desprestigio y debilitamiento que se emprendió desde la carrera por la elección presidencial contra la Policía Nacional no es en gran medida responsable de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo contra nuestra fuerza pública. Es que además, desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro todos sus discursos, de sus ministros y de los congresistas del Pacto Histórico han girado en torno a separar a la institución de las Fuerzas Militares para sacarla de la jurisdicción del Ministerio de Defensa y de unos cambios severos en su doctrina y funciones.
Tanto se ha debilitado la posición institucional de las fuerzas armadas, que en el curso de nombrar a la nueva cúpula militar el Gobierno se llevó por delante la trayectoria de más de 30 generales para responder a su política de paz total que hoy se ve improbable frente a los duros mensajes que envían los grupos armados con un atentado demencial como el cometido contra los policías en Huila.
¿A qué precio el país tendrá que pagar la paz total del presidente Petro? Hasta dónde será flexible o ingenuo el Gobierno para permitir que los grupos criminales sigan imponiendo condiciones para su supuesto sometimiento a la justicia. Es hora de rodear a la Policía Nacional, es hora de rodear a nuestras instituciones llamadas a preservar la ley y el orden. Colombia quiere paz, sí, pero se requerirá más que rechazos, más que palabras, para combatir la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico que nos hunde en una espiral de violencia sin fin.
