Más vale tarde que nunca. Ya era hora de que Colombia, sobre todo la política, se interesara en conocer, discutir y, por qué no, proponer salidas realistas a la profunda crisis socioeconómica que soportamos desde hace meses los habitantes de los departamentos de la región Caribe, por cuenta del alza –cada día más impagable- en las tarifas de la energía eléctrica. Que no sea flor de un día porque esta insostenible situación, cual condena a cuentagotas, que ha empobrecido aún más a las familias vulnerables de la Costa y empujado casi a la quiebra a su comercio e industria, no puede seguir dilatándose más. Ni tampoco siendo un reclamo ignorado, olímpicamente, porque el país tiene necesidades mucho más perentorias. Nadie dice que no sea así. No se trata de desatar un conflicto. Pero, esta como otras difíciles realidades nacionales, lo de menos es entrar a calificarlas, también demanda medidas urgentes que comprometan a los diferentes niveles o instancias implicados en una negociación de responsabilidad compartida.

Pactar un acuerdo no solo es justo, sino necesario. Sobre todo, para evitar que el malestar social continúe escalando entre ciudadanos desesperados como consecuencia de la desbocada carestía energética que padecen, a la que también toca añadirle otro insufrible lastre: el del imparable incremento en el precio de los alimentos. Sería un error desconocer las evidentes señales de hartazgo o las crecientes tensiones que podrían anticipar potenciales complicaciones. El más reciente informe del Dane, punto de quiebre de esta borrascosa historia, al menos para el conjunto nacional porque entre nosotros la tormenta no ha cesado en el último año, confirma la magnitud de esta afrenta que, por donde se mire, es inexcusable.

Mientras en el promedio nacional, la variación anual de los servicios de electricidad alcanzó en agosto el 25,9 %, el de las ciudades de la Costa llegó al 43,1 %: ¡17 puntos porcentuales de diferencia! Santa Marta, con casi el 50 % de alza, es el caso más dramático, aunque Barranquilla, con 44,42 %, –tras Riohacha- no se queda atrás. ¿Tenemos razones para quejarnos? Por supuesto, de sobra. No en vano, un mes más, las capitales del Caribe fueron las más azotadas por la galopante inflación que se encamina a cerrar el año en dos dígitos, con todo lo que ello traerá consigo. Incierto futuro, bastante sombrío, le espera a la región en materia de competitividad, empleo, consumo y un largo etcétera que, sin planes de choque ni acciones prioritarias, profundizarán todavía más las brechas de inequidad que arrastramos desde siempre.

Enhorabuena, el presidente Gustavo Petro decidió llamar a las autoridades del sector energético para que expliquen por qué las tarifas aumentan cuando “los embalses están llenos y es temporada de muchas lluvias”. Él lo calificó como un “comportamiento extraño”, en la Costa se advierte como un abuso descarado. Más allá de la indignación por las alzas, lo señalado por el mandatario debe ser la lógica que inspire un debate racional sobre una intervención de emergencia del Estado que no debe ausentarse por más tiempo de esta controversia, en la que ya se metió de lleno el Congreso. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, confirmó que la búsqueda de alternativas frente a la “desgracia” de “tarifas inadmisibles”, y sin duda lo son, se abordará como una “causa nacional” con “tratamiento diferencial”. Hace pocos días, este también fue uno de los asuntos centrales de la instalación del Bloque Parlamentario del Caribe en Cartagena, donde el alcalde Jaime Pumarejo volvió a insistir, como lo ha hecho durante los últimos meses, en la batería de propuestas para reducir cuanto antes las tarifas.

Posiciones en buena dirección que no solo ofrecen motivos de esperanza, sino que cambian el panorama de reticencias, negativas o portazos que recibieron las iniciativas de Pumarejo o de la Bancada Caribe en el cierre del anterior Gobierno. Los ciudadanos demandan respuestas. Su dirigencia política debe dárselas. Que se analicen, con sus pros y contras, las distintas opciones: desde aumentar los subsidios hasta crear un Fondo de Estabilización, pasando por cobrar una sobretasa a las ganancias de los generadores, usar recursos de regalías o intervenir la CREG, solo por mencionar algunas de ellas. No es admisible que los ciudadanos abonen facturas escandalosas al mismo tiempo que las compañías del sector crecen sus beneficios. Hay que tomar acciones excepcionales para que los platos rotos del pasado de las sucesivas crisis energéticas en la Costa los dejen de pagar únicamente los usuarios, que exigen estabilidad, pero sobre todo justicia en sus tarifas.