El clamor de los habitantes del Caribe en las últimas semanas se concentró en pedir al unísono salidas para buscar una reducción a las tarifas de energía, un clamor que terminó uniendo las voces de todos los sectores políticos, económicos y sociales y de todos los estratos que se han visto afectados por la fórmula que ha disparado el costo del kilovatio, especialmente en nuestra región.
Una compleja problemática derivó en una situación positiva, y fue que esa unión mereció la atención del Gobierno nacional y ya se plantearon cuatro acuerdos entre los actores del sector.
El impacto que tengan las medidas, ya habrá tiempo de evaluarlo. Pero por lo pronto si es necesario desde estas líneas editoriales hacer un llamado a la ciudadanía, golpeada sí por los elevados costos de la energía, pero que bajo ninguna circunstancia puede volcar esa impotencia y ese malestar generalizado en el eslabón más endeble de toda esta cadena: los operarios de las empresas contratistas de las distribuidoras Air-e y Afinia.
El pasado viernes un usuario del barrio La Magdalena, en el suroriente de Barranquilla, disparó con un arma traumática a un trabajador, perteneciente a una de las cuadrillas de revisión de medidores, que realizaba un procedimiento en su vivienda. Afortunadamente la herida no revistió gravedad; sin embargo, estará 15 días incapacitado.
En tanto, el sindicato de los trabajadores del sector eléctrico en Córdoba denunciaron esta semana que los operarios de Afinia también están siendo objeto de amenazas por parte de grupos armados y atacados por la ciudadanía. Su único pecado: portar el uniforme de la empresa distribuidora del servicio de energía en ese departamento.
Solo la empresa Air-e tiene registradas 66 agresiones contra operarios y contratistas de la compañía desde que inició operaciones en octubre de 2020.
En qué cabeza nos cabe que atacando un trabajador, igual de humilde y con un salario probablemente igual o menor que el de los agresores y que también padece por tener que pagar la factura de energía, hará que cambie la situación tarifaria para la Costa Caribe.
Nunca la violencia será la mejor herramienta para buscar soluciones. ¿Dónde queda la tolerancia? Existen las normas y las instancias jurídicas para intentar obtener la razón en los justos reclamos que tenga un usuario. No hay que enceguecerse y sí, por el contrario, en tanto se ven soluciones de fondo, denunciar a quienes con el robo de la energía perjudican a quienes sí pagan lo que consumen con un enorme sacrificio.
Justos no deben pagar por pecadores. Son más los buenos usuarios, que los que cometen fraude. Y con la unión que ya demostró la región se pueden seguir presionando soluciones legales para tener unas tarifas justas y acordes con nuestra realidad social y climática. Pero no derribando, golpeando, hiriendo o insultando a quienes solo cumplen con su labor como trabajadores de una empresa.
