Desde que comenzó la discusión para afinar y redactar el texto final de la reforma tributaria que ya pasó su primer debate en el Congreso, el sector de la minería y de los hidrocarburos levantó su voz para advertir los graves efectos que la recarga impositiva sobre sus empresas podría generar, teniendo en cuenta que de los 22 billones de pesos que pretende recaudar el Gobierno nacional, el 48 por ciento provendría de las actividades minero energéticas, como lo ha explicado reiteradamente la Asociación Colombiana de Minería, a través de su presidente, Juan Camilo Nariño, quien ha señalado que esta es una reforma “recargada” en la minería colombiana.
El pasado lunes empresas contratistas de las mineras que operan en la región Caribe publicaron una carta al presidente Petro en la que exponen que, como está planteada, la tributaria “traerá más pobreza” y afectará la generación de empleo en los departamentos donde funcionan.
Ciertamente el reclamo minero, que se vio traducido ayer en las nutridas manifestaciones que se llevaron a cabo en Cesar (Valledupar y la Jagua de Ibirico) y Magdalena (Ciénaga), tiene sustento en que en los principales municipios mineros como La Jagua, El Paso, Chiriguaná, Codazzi y Becerril, habitan unas 200 mil personas que dependen fundamentalmente de la explotación de carbón, pues en torno a la operación de las compañías y de sus contratistas se produce toda una cadena de bienes y servicios que a su vez demanda una importante generación de empleo, igual que en los municipios del corredor férreo y en Ciénaga, Magdalena.
El reclamo minero al presidente Petro es el de abrir un espacio para que se escuche a los trabajadores y habitantes de los territorios donde, en el caso del Caribe, la minería representa cerca del 35 por ciento del PIB y las regalías que genera el sector corresponden al 20 por ciento de su presupuesto total.
Desde su estancia en Estados Unidos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, defendió la propuesta de introducir una sobretasa a las ganancias inesperadas de las empresas petroleras y del carbón, así como la apuesta del Gobierno por las energías renovables. Está claro que en ello, al menos dejó ver, no hay intención de ceder.
En tanto la reforma continúa su trámite en el Congreso –al parecer con aplanadora y sin mayores tropiezos ni novedades–, los mineros confían en que se produzca el espacio para exponer nuevamente sus preocupaciones por “la inviabilidad del negocio” para las empresas mineras, pues anticipan que el golpe a la economía de la región sería muy “grave”.
Valdría la pena que este gobierno, que tiene como una de sus banderas la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades para los más vulnerables, sin descuidar su visión de liderar una transición energética y velar por la justicia climática, atienda la petición de estos trabajadores que consideran que hay que dar los pasos en ese propósito, pero no “de manera precipitada”. La minería es aún un sector de enorme peso en la economía y la generación de riqueza para el país. Hay que escucharlo.
