La reapertura de la frontera que une a Colombia con Venezuela, hace justo un mes, no ha resultado como muchos ciudadanos de ambas naciones esperaban. Quienes cada día recorren a pie los pasos fronterizos para rebuscarse la vida, como lo han hecho durante los últimos siete años, consecuencia de un cierre que jamás debió producirse, estiman que lo ocurrido el pasado 26 de septiembre se redujo a un “show mediático” e incluso, algunos lo han calificado de “fraude”. Se trata de una apreciación crítica, ciertamente respetable, sustentada en irrebatibles dosis de realismo. Ellos saben lo que dicen, padecen en carne propia la precariedad que origina la ausencia de casi todo. Agobiados por el peso de su historia reciente y con la incertidumbre de una crisis económica en ciernes, los más vulnerables de ambos lados de la línea limítrofe insisten en que los cambios favorables que ha traído consigo el reinicio del tránsito de vehículos de carga o el restablecimiento del comercio binacional, a ellos todavía no les llegan. Su panorama sigue siendo sombrío. Así de claro.

Es evidente que el proceso para distribuir los beneficios de la reapertura de la frontera tomará su tiempo. Quizás, mucho más de lo calculado inicialmente. No solo es una cuestión de construcción de confianza, también se requiere gradualidad. Ambos son insumos intangibles, pero esenciales para superar con total seguridad los efectos de las erráticas, egoístas e impulsivas decisiones de los gobernantes de turno. Pese a la férrea determinación, para avanzar en la actualización de normas aduaneras, registros fitosanitarios o mecanismos de pago, demostrada hasta ahora por el ministro de Comercio, Germán Umaña, a quien se le ve más en el vecino país que en el propio –lo cual revela la descomunal tarea asumida- aún son considerables las barreras arancelarias o logísticas por resolver. Principalmente, en Venezuela.

Por un lado, porque la actividad aduanera fue desmantelada por completo y, por otro, porque la institucionalidad, verbigracia de la naturaleza del régimen, no es lo suficientemente fuerte ni sólida para ser capaz de normalizar la reactivación comercial en los términos demandados por las comunidades fronterizas. Aún no está claro, por ejemplo, cuándo ni cómo se producirá la reanudación de los vuelos comerciales o en qué momento y bajo qué condiciones se autorizarán servicios de transporte público terrestre entre los dos países. Hasta que no se dé trámite a todo aquello de lo que depende la vida diaria de los ciudadanos, estos no percibirán la reapertura. En este sentido, es clave que también se definan, de manera prioritaria, orientaciones claras en temas de defensa y seguridad para controlar una frontera permeada por la ilegalidad de mafias violentas y organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de negocios ilícitos, como el contrabando, los cobros ilegales al paso de mercancías y el tráfico de personas.

Si bien es cierto que el listado de pendientes es extenso, en líneas generales la actividad comercial de este primer mes indica que las cosas han vuelto a encaminarse. El intercambio comercial alcanzó 2,2 millones de dólares con más de mil 500 toneladas movilizadas en 67 vehículos de carga. Aún pocos, cierto; pero antes ni uno solo pasaba por los puentes internacionales. Se necesita entonces acelerar para alcanzar la meta de importaciones y exportaciones por mil millones de dólares, este año, y dos mil, el próximo. Nadie puede vaticinar lo que pasará en el incierto 2023, pero pase lo que pase, en ambos gobiernos debería prevalecer el mismo espíritu de trabajo colectivo, sentido de responsabilidad y compromiso institucional para que los nuevos recursos irriguen bienestar entre las poblaciones hermanas. Así que más allá de la escenificación de una frontera en pleno funcionamiento, los hechos nos confirman que se está apenas en una etapa de incipiente evolución que exige muchos ajustes, también en el interior de la embajada colombiana en Caracas, donde se trata de poner la casa en orden. Urge que sea cuanto antes. Asuntos innegociables como el respeto por los derechos humanos o la atención de la crisis humanitaria de los migrantes, a ambos lados de la frontera, no puede ser un tema pospuesto de manera indefinida en la agenda común.