El reciente hallazgo de un cuerpo desmembrado en Sabanalarga, el segundo en el departamento en lo que va del año, envía una nueva y alarmante señal sobre la brutalidad de las estructuras armadas ilegales en Atlántico. Su disputa por el control territorial y social, en este caso de los municipios de la subregión Centro, ha elevado de forma extremadamente preocupante los riesgos de seguridad y la falta de garantías en el respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes. En este contexto, determinados colectivos, sobre todo los integrados por población socialmente estigmatizada, podrían terminar siendo víctimas de la mal llamada justicia por mano propia, que no es otra cosa que la respuesta del crimen organizado a la incapacidad del Estado de impartir seguridad y justicia. Camino totalmente equivocado, pero cada vez más demandando por quienes estiman que es la única vía posible para vencer a la ilegalidad.

El campanazo de alerta que produjo el asesinato de José Daniel Castillo, de 23 años, quien apareció mutilado, con un cartel en el que se justificaba su atroz muerte, no debe ser minimizado ni desatendido por los organismos gubernamentales del orden local, departamental y estatal, como tampoco por otras entidades responsables de velar por la protección ciudadana. De lo contrario, la institucionalidad seguirá fracasando, como hasta ahora lo ha hecho, en su obligación constitucional de construir mecanismos para prevenir y contener las violencias engendradas por las redes criminales en sus distintas jerarquías. Es realmente diciente que días antes de la ocurrencia de este macabro hecho se conociera una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, la AT 029 de 2022, que advertía sobre un aumento de las amenazas de los actores armados que hacen presencia y actúan en Luruaco, Polonuevo, Sabanalarga, Baranoa y Repelón.

Demasiados hechos desalentadores aparecen en el análisis de la Defensoría sobre la crítica situación de conflicto urbano en el centro del departamento. Uno de ellos es que este se ha consolidado como un corredor geoestratégico para el manejo de economías ilegales dentro y fuera de Colombia, en particular las vinculadas al narcotráfico y la extorsión. También quedó demostrado, otra vez, cómo organizaciones del crimen transnacional subcontratan a estructuras locales, aumentando el número de pandillas y bandas en estos municipios mediante el inaceptable reclutamiento forzado de menores de edad –mano de obra para el crimen- con el propósito de aumentar sus rentas ilícitas del narcomenudeo y, por supuesto, el consumo de estupefacientes.

Todo esto y más resulta una suma de despropósitos que refuerza, sin duda, la indefensión de los residentes de territorios, hoy a merced de delincuentes que a diario erosionan su tejido social, amenazan a sus líderes, abusan de sus niñas y mujeres, y siembran el miedo con repudiables “castigos ejemplarizantes”, como desmembramientos u hechos de violencia contra las familias de sus rivales. En esta sobreabundancia de rupturas de normas sujetas al imperio de la ley, lo más detestable es que alerta tras alerta, nada parece cambiar. Bueno, sí ocurre, pero para mal. Hace poco más de dos años, en agosto de 2020, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre riesgos similares por enfrentamientos y ajustes de cuentas entre el Clan del Golfo, los Rastrojos Costeños o Nuevos Rastrojos y Los Costeños, en Barranquilla y su área metropolitana. En este lapso, ante la mirada indulgente, cuando no cómplice de las autoridades, estas mafias expandieron su área de influencia a otras zonas donde impusieron sus aterradoras estrategias de control. Algunos de estos grupos de criminalidad organizada han expresado interés en ser parte de la paz total del actual gobierno que ya tiene listo su marco jurídico, ¿tendrán cabida o solo será una puesta en escena más para seguir fortaleciéndose? Difícil saberlo ahora. Quienes padecen el acoso de la delincuencia en sus barrios, centros educativos o entornos laborales, aún esperan soluciones efectivas a cargo de sus mandatarios locales. Pero tampoco queda claro que esto ocurra en el tramo final de sus periodos, con lo que la seguridad podría ser de nuevo uno de los principales reclamos del relevo electoral. Escenario perverso que ahondaría la decepción de una sociedad que no encuentra salidas a sus principales problemas.