Cada nuevo aguacero recrudece la gravísima crisis invernal que afronta el vulnerable Caribe colombiano, donde se cuentan por miles los damnificados. Solo en los municipios del Atlántico son más de 6 mil las familias afectadas, mientras que en Barranquilla las emergencias por riesgos de deslizamientos e inundaciones obligaron a la evacuación de casi 700 viviendas en los barrios Nueva Colombia y Siete de Abril.
En la mayoría de los casos, por no decir en todos, la crudeza de esta temporada inusual se ha ensañado con los hogares más pobres que ahora no saben qué hacer o a dónde ir, tras quedarse literalmente en la calle. En ocasiones, con una mano adelante y otra detrás. Calcados se reproducen los dramas que soportan habitantes de zonas urbanas y rurales de toda la región, que de un momento a otro vieron cómo su extrema situación de crisis social y económica se les complicó aún más.
Son incontables las emergencias en Cartagena o en municipios del resto de Bolívar, donde se estima que hay más de 40 mil familias damnificadas. De la Mojana sucreña, inundada desde hace 15 meses, poco se habla a esta altura de la nueva crisis invernal, pero su desgracia permanece invariable. Si acaso, va a peor. En Cesar, Córdoba, Magdalena o La Guajira, donde protestas de los afectados intentan llamar la atención sobre sus padecimientos diarios, asistimos a más de lo mismo.
Al pie de la letra se repiten las adversidades o vicisitudes encaradas por comunidades angustiadas que han quedado expuestas a crecientes desafíos vitales. La ocurrencia de reiterativos fenómenos naturales desencadenados por diluvios bíblicos, que bien recuerdan al que azotó a Macondo en Cien Años de Soledad, está trasladando a las administraciones locales y departamentales de la Costa una presión descomunal que no son capaces de sostener, como ha quedado demostrado de todos los modos posibles.
Atravesamos una situación caótica, de eso no cabe la menor duda, que necesita de la intervención urgente del Gobierno central que hace menos de una semana declaró el Desastre Nacional para encarar el embate de La Niña, que podría extenderse hasta el primer trimestre de 2023. El solo anuncio causa espanto, por lo que conviene afinar los mecanismos institucionales para dar respuesta a esta auténtica tormenta, con la celeridad que los desbordados mandatarios territoriales, hoy por hoy la viva imagen de la desesperación, reclaman para mejorar las condiciones de los afectados.
Muchos aún no han recibido ni un primer kit de emergencia, mientras el agua que hace unos días les llegaba al tobillo, ya les subió a la cintura.
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo trabaja a tope, pero debe intensificar sus acciones para ofrecer soluciones, al menos, temporales que mitiguen la suma de impactos en las comunidades. Aparentemente por recursos no es.
Desde Egipto, donde asiste a la cumbre del clima, el presidente Petro dice que destinó $2,1 billones para solventar necesidades alimentarias, de salud y reubicación de damnificados. Que se note. Presidente, en la infinita lista de prioridades por cuenta del invierno, que lo urgente no nos distraiga de lo importante. Se puede hacer mucho más articulando esfuerzos, delegando funciones y aprendiendo de duras lecciones de otras crisis de las que nos hemos sobrepuesto. Todos, también siendo solidarios, podemos contribuir a aliviar este caos.
