Castigar el gasto de los recursos públicos de forma inadecuada es una de las muchas asignaturas pendientes en Colombia. Malversarlos inapropiadamente, inclusive si ocurre por descuido, es otro asunto delicado porque podría estar asociado a corrupción. Si los entes de control no actúan a tiempo frente a alarmantes conductas de servidores públicos estarían otorgándoles de facto una impunidad con inaceptable hedor cómplice.
Quienes ocupan cargos de elección popular, como los alcaldes, no solo son portadores de la confianza de sus electores, sino que además están obligados a soportar una carga jurídica superior a la del resto de los ciudadanos. Cada vez que defraudan, por acción u omisión, la vigilancia y pulcritud que se les exige en el manejo de los bienes públicos lesionan el respaldo que les otorgaron las urnas, al tiempo que dinamitan la legitimidad del sistema democrático. Inapelable daño que causan a la credibilidad institucional.
Ante el menor asomo de irregularidad, se hace imprescindible la respuesta de los organismos veedores de nuestro ordenamiento jurídico. Es el sentido correcto de las cosas. Lo demás es una visión miope o extremadamente limitada de la realidad. Tras la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $21 mil millones contra el alcalde de Malambo, Rummenigge Monsalve Álvarez, por la no entrada en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de su municipio, la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, da un paso determinante para solventar una inconmensurable indignidad.
Es inconcebible que pasados más de dos años, luego de su entrega a la entidad territorial en septiembre de 2020, el sistema no haya operado ni un solo día, pese a que su puesta en marcha se estimaba prioritaria para asegurar un servicio eficiente de alcantarillado y unas ciénagas descontaminadas. Ni lo uno ni lo otro ha sucedido. Cuesta entenderlo, sin duda.
Molestos e impotentes al ser testigos de excepción del deterioro y la vandalización diarios de la planta, cuya plataforma de operación, por cierto, se encuentra sumergida, habitantes de Malambo denunciaron a su vecino más inútil: este “elefante blanco” por el que ahora deberá responder su alcalde. Inicialmente, en términos fiscales, pero la Contraloría, indignada hasta los tuétanos como pocas veces ocurre, anuncia que trasladará el caso a la Procuraduría y a la Fiscalía para que también demanden explicaciones al señor Monsalve o a quien se requiera, tanto en lo disciplinario como en lo penal.
Recuperar el patrimonio público, exigir la individualización de responsabilidades y evitar que los ciudadanos paguemos con nuestros impuestos el desgreño administrativo de unos pocos funcionarios tiene que convertirse en una cuestión de honor para el contralor Becerra, quien apenas arranca su gestión. Quienes crearon las crisis con sus actuaciones deben ser capaces de reparar los daños causados. Ni más ni menos.
Hace dos años, quizás un poco más, EL HERALDO empezó a denunciar la insufrible secuencia de desatinos, incumplimientos y demoras en la entrega de la planta, su entrada en operación y la falta de claridad e información sobre el rumbo seguido por los actores involucrados, que no han hecho otra cosa que tirarse la pelota, mientras se lavan las manos. Este desenlace estaba cantado, se veía venir desde hace tiempo. Pero no hay peor ciego que aquel cuya soberbia no lo deja ver con claridad los hechos. El camino aún podría ser bastante tortuoso, pero aquí seguiremos con la mirada fija en el desarrollo del proceso con sus consecuencias. No se trata solo de reconocer una decisión que podría derivar en medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de un próximo fallo. Es para nosotros también un imperativo moral que los malamberos tengan un servicio de alcantarillado digno como lo merecen y esperan hace tiempo.
