¡Vuelve y juega! El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) acaba de fijar los términos para la puesta en marcha del sistema inteligente en el Transporte Público Individual (TPI), que contempla la implementación del taxímetro en 2023. Más allá de sus intentos fallidos, que son bastantes por cierto, este es un proceso en el que se debe persistir porque urge mejorar la prestación de un servicio que por distintas razones, no todas vinculadas a la labor de los conductores, ha deteriorado sus estándares de calidad desde hace tiempo.

Acabar con la percepción negativa que muchos usuarios tienen de los taxis que circulan en Barranquilla y sus municipios vecinos por los cobros excesivos o la falta de mecanismos de control pasa por modernizar su operación, encontrar fórmulas para que se cobren tarifas justas y se garanticen mínimos de seguridad en sus recorridos.

Quienes ejercen este noble oficio, en algunos casos desde hace más de 20 años, deben entender que la transformación digital de su herramienta de trabajo les servirá para recuperar la confi anza perdida con ciudadanos que migraron a plataformas o aplicaciones de transporte no reguladas, que compiten con ellos. Incorporar a su labor el uso de tecnologías validará, por ejemplo, que el cobro de una carrera se ajuste a la distancia marcada por el taxímetro. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades donde avivatos, sin asco, adulteran los equipos, lo cual es un tiro en el pie porque al fi nal se atenta contra la calidad del servicio, en nuestro caso se instalará un dispositivo adicional de verificación en las llantas de los vehículos. Eso se llama transparencia.

Sentar las bases de un nuevo modelo de servicio en el que calcular la tarifa no sea una decisión arbitraria ni el resultado de un rifi rrafe, en ocasiones irreconciliable entre el taxista y su pasajero, nos sitúa en otro momento del transporte público individual en la ciudad y su área metropolitana. Que lo hayamos hecho toda la vida no significa que sea lo mejor, en especial cuando ya existen formas más expeditas para asegurar cobros justos. Este es un asunto central, sin duda; el otro es la seguridad. Controlar la operación en tiempo real es sinónimo de confi abilidad. La licitación prevé que el sistema se conecte al RUNT, de modo que se pueda verificar si el vehículo y, en lo posible, su conductor o conductores, tienen la documentación en regla. En este contexto las empresas deberán ser mucho más rigurosas en el seguimiento de sus afiliados y la AMB exigente en el cumplimiento de requisitos de ley que ofrezcan a los usuarios certezas absolutas acerca de la idoneidad de las personas que los movilizan y a las que están retribuyendo económicamente.

Como el papel aguanta todo, aparte de las condiciones de la licitación que busca a un concesionario con $30 mil millones para invertir en la implementación, operación y mantenimiento del modelo, esta gran apuesta soportada en la vinculación de más de 14 mil taxistas formales con tarjeta de operación también demandará la incorporación de intangibles no menos importantes. Sería ingenuo suponer que todo cambiará de la noche a la mañana solo apropiando tecnologías que automatizarán el servicio. La transformación digital exigirá cambios culturales profundos en conductores y usuarios. Unos y otros, de acuerdo con su experiencia, deberían poder calificarse en un sano ejercicio de control de calidad de doble vía. Ni taxistas abusadores ni pasajeros altaneros. Promover la cultura ciudadana en el transporte público, tanto individual como colectivo, sigue siendo una asignatura pendiente de las autoridades en Atlántico. Nada ganamos con tener un censo actualizado de taxis, un Plan Maestro de Movilidad o sistemas inteligentes de transporte, ninguno de los cuales existe aún, valga la ironía, si no somos capaces de interactuar de manera armónica y respetuosa en estos servicios que, dicho sea de paso, se rajan en eficiencia, inclusión y calidad. A tomar atenta nota: ¡no podemos seguir improvisando!