La aparente injerencia de la Alcaldía de Puerto Colombia en la expedición y entrega de licencias de construcción en el municipio, que desde mayo debía estar a cargo de la Curaduría Urbana #1, será indagada por la Procuraduría General de la Nación. Iniciativa acertada. Las denuncias de ciudadanos desorientados por este inusual cruce de competencias, reveladas esta misma semana por EL HERALDO, a simple vista resultan inquietantes porque ponen al descubierto una posible violación de los protocolos establecidos por ley, pero será el ente de control el que determine finalmente si se han configurado irregularidades que ameriten resoluciones disciplinarias o incluso de otra naturaleza, como consecuencia de las actuaciones de funcionarios públicos.

Es preciso analizar caso por caso para establecer por qué en los últimos meses la Oficina de Planeación de Puerto, bajo órdenes de quién o en connivencia de cuáles trabajadores, ya que parecería obvio que esta intervención no fue asunto de uno solo, seguía tomando decisiones de carácter urbanístico, tramitando, liquidando y cobrando por permisos para construcciones. Todo esto, pese a que Dennis Valverde se había posesionado y se desempeñaba ya como curadora, tras haber sido seleccionada en concurso de méritos convocado por la Superintendencia de Notariado y Registro. Cada vez que ejerciendo su derecho le consultaba a la dependencia en cuestión sobre la apropiación de competencias ajenas, le respondían que no habían podido cerrar el libro de radicaciones ni el de licencias y, lo que es aún más escandaloso, no existe un registro de sus actuaciones porque solo se limitaban a recibir solicitudes. ¿En serio? Cuesta entender estos procedimientos tan poco ortodoxos, si no se les mete cierta dosis de suspicacia o malicia.

Queda claro que una situación tan insólita era insostenible, pero desde el principio, no de ahora. Por lo que tendría que indagarse también por qué el alcalde de Puerto o la misma Gobernación del Atlántico tardaron tanto tiempo en ver lo evidente. Faltó rapidez, además de voluntad, para ponerle freno a semejante entramado de presuntas anomalías que como anticipó la curadora Valverde a EL HERALDO podría pasar factura a futuro, cuando se requieran prórrogas o modificaciones de las licencias expedidas por la Oficina de Planeación, que empezarán a vencer en 2025. En lo que parece ser un callejón sin salida para constructores y habitantes del municipio, la Curaduría anuncia que desconocerá los documentos expedidos a partir de agosto pasado. ¿Quién responderá en ese momento por la deriva que habrían desatado las actuaciones urbanísticas de la Alcaldía? O siendo pragmáticos, ¿será posible resolver ahora o más adelante los aparentes entuertos de Planeación, minimizando sus eventuales daños?

En los próximos días arribará a Puerto una comisión de la Superintendencia de Notariado y Registro. Nada más llegar debería revisar en detalle las vallas informativas de muchos frentes de obra. Sus licencias, apenas recién radicadas, no han sido concluidas, ni tienen autorización, ni han hecho los pagos correspondientes. Otra muestra más de la anarquía, falta de vigilancia y control de la Oficina de Planeación. Ahí está la clave de todo. Es intolerable que un municipio en el que se licencian más de 120 mil metros cuadrados de construcción cada año y que debe tener no una, sino dos curadurías urbanas, su Alcaldía siga ejerciendo una facultad que no le compete y al parecer, se saque de la chistera licencias con fechas anteriores a la entrada en funcionamiento de la entidad idónea. No se trata únicamente de un choque de competencias, lo cual es grave por sí solo, sino de potenciales riesgos para familias que podrían comprar viviendas en proyectos con licencias sí, pero cuyos diseños no cumplirían especificaciones técnicas de rigor. Cuidado, los procedimientos se deben respetar siempre, no solo cuando favorecen intereses propios.