El anuncio del presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas Medellín, de no hacer la transferencia de su participación accionaria en Triple A a la sociedad Alumbrado Público de Barranquilla abre un tiempo de incertidumbre sobre el futuro de la compañía.
No sorprende la determinación de la SAE que desde hace semanas ha alertado sobre una serie de presuntas irregularidades, tanto en la valoración de la empresa como en el trámite de enajenación temprana y directa, mecanismo excepcional cuestionado por una supuesta falta de transparencia. De tal forma, que se habría configurado una violación del ordenamiento jurídico con detrimento patrimonial y un posible peculado por apropiación a favor de terceros. Es su argumento.
Como ha quedado en evidencia, SAE y Distrito difieren en sus posiciones en un asunto crucial para el bienestar de los habitantes de Barranquilla y municipios, en los que Triple A presta los servicios de acueducto y alcantarillado, por lo cual será la Contraloría General de la República, ente de control al que ambos han acudido, la que deberá revisar la transparencia del contrato de venta de las acciones.
Se hace imprescindible aclarar todos los interrogantes planteados, desde los distintos frentes, antes de tomar decisiones definitivas. Si cuanto antes no se resuelve este embrollo, corremos el riesgo de que a futuro, aún no es el caso, la correcta prestación de los servicios se vea comprometida. Entre otras razones porque se necesitan inversiones prioritarias, como un urgente cambio de redes, que hasta ahora no se han hecho porque la empresa ha estado desde 2018 en manos de la SAE, tras la extinción de dominio de las acciones de Inassa.
Corresponderá entonces a los integrantes de la mesa técnica integrada por la Unidad Anticorrupción y la Contraloría Delegada de Justicia, además de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República y la Alcaldía de Barranquilla, entre otros, tramitar las inquietudes planteadas por el señor Rojas, de la SAE, su equipo jurídico, y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga.
Tras su análisis del contrato de venta de las acciones de Triple A, este organismo de vigilancia recomendó la suspensión transitoria del proceso en curso, “mientras las partes revisan los antecedentes o los órganos de control verifican los hechos”, lo cual finalmente se produjo. Así que la Contraloría General tiene ahora la palabra.
De entrada, lo que más inquieta a la SAE y también a la Superservicios es la valoración financiera de Triple A. Usando datos de la propia compañía, entre ellos el flujo de dinero esperado por la operación a perpetuidad, esa estimación asciende a $2,4 billones.
Si la perspectiva es hasta 2033, cuando vence la concesión, porque no se debe olvidar que esta fue prorrogada hasta esa fecha por el entonces alcalde Bernardo Hoyos Montoya en el año 2000, en unas condiciones leoninas por cierto, la valoración sería de $1,4 billones. Al final, el contrato se cerró, en diciembre de 2021, por $560 mil millones, tras valoración de la firma Deloitte, contratada por la propia SAE que, con salvedades, aseguró que Triple A costaba entre $700 mil y $800 mil millones.
Impresionante danza de los millones que demanda precisiones profundas. También sería conveniente conocer toda la verdad sobre los despojos que sufrió la empresa entre 2000 y 2017, como indicó la Fiscalía en su momento. Mantener este tema por fuera de las trincheras políticas debe ser otro imponderable en un escenario tan complejo como este, en el que chocan intereses.
Si por el lado de la SAE, su presidente califica de injustos los señalamientos que lo acusan de tratar de devolver la Triple A los españoles, por el del Distrito insisten en que demostrarán la legalidad y conveniencia de la recuperación de las acciones de este activo estratégico de la ciudad. Queda claro que se acumulan tensiones, de manera que se requerirá de un espíritu constructivo para minimizar eventuales fracturas que puedan afectar los intereses ciudadanos.
