Trece vidas destruidas, trece familias destrozadas dejó la violencia machista en Atlántico durante 2022.
Como si no resultara alarmante el número de feminicidios, dato similar al del año anterior, los registros oficiales indican que otras 34 mujeres fueron asesinadas en el departamento, muchas de ellas a manos de sicarios, por distintas razones vinculadas a instrumentalización criminal, participación en actividades ilícitas o retaliaciones entre miembros de estructuras armadas ilegales.
En últimas, se trata de crímenes de mujeres, en determinados casos apenas adolescentes que no debían morir bajo ninguna circunstancia. Buena parte de ellas, madres de uno o varios pequeños que quedaron totalmente desprotegidos, de modo que esta pesadilla de la violencia de género sigue siendo un lastre difícilmente superable para quienes la padecen.
El 5 de enero de 2022, Leidy del Carmen fue asesinada por su exesposo, en un hotel de Barranquilla. Fue la primera víctima de feminicidio del año.
Desde ese momento, en otras 12 ocasiones, de acuerdo con información oficial divulgada por las autoridades, hombres de diferentes edades y condición socioeconómica acabaron con la vida de sus parejas o exparejas por el simple hecho de ser mujeres y considerarlas de su propiedad. Usaron todo tipo de elementos: desde pistolas hasta cuerdas, pasando por martillos, navajas e incluso sus propias manos.
La capital del Atlántico es el epicentro de esta espantosa violencia de género, seguida de Soledad. Casi todos los responsables quedaron a disposición de la justicia, tras haberse entregado o capturado. En este doloroso inventario, no es posible retratar un único perfil de las asesinadas.
Como consignamos en nuestra edición de hoy, a manera de indispensable recordatorio dirigido a una sociedad impasible ante tanta barbarie, una de ellas tenía 57 años y otra ni siquiera había cumplido los 18. Se dedicaban a diferentes ocupaciones y no todas eran colombianas, como sus victimarios. En definitiva, sin temor a equivocarnos, tenemos la certeza de que cada una de estas mujeres tenía mucha vida por delante.
Valdría la pena establecer, eso sí, si habían instaurado denuncias previas por maltrato y si sus agresores contaban con antecedentes por violencia de género. Seguramente nos llevaríamos más de una sorpresa porque muchas de ellas habrían podido salvarse de un crimen cantado si funcionaran de manera adecuada los mecanismos de prevención y protección existentes.
No podemos cansarnos de lamentar ni de cuestionar con absoluta firmeza por qué los protocolos vigentes parecen letra muerta, las políticas públicas en esta materia son prácticamente inviables o los funcionarios correspondientes no logran garantizar el necesario amparo cuando las mujeres víctimas lo solicitan para ellas y sus hijos, pese a la evidencia de signos de amenaza, intimidación y violencia. Diálogo de sordos.
Nos encontramos inmersos en una perversa paradoja que no nos permite dejar atrás la pesadilla de la violencia machista. Por un lado, las instituciones en Barranquilla o en los municipios no han sido preparadas ni cuentan con capacidades para detectar señales de riesgo en mujeres o niños: víctimas de abusos prolongados, aislados por el maltratador y sin posibilidades de reacción. Y, por otro, cuando finalmente las mujeres deciden denunciar, sobreponiéndose a sus muchos temores, el Estado no les responde cómo debería.
Desconsolador mensaje que se envía a quienes cargan con una existencia de abusos y agresiones. Nada más cierto que el recién sancionado Ministerio de la Igualdad, en manos de la vicepresidenta Francia Márquez, tiene que asumir retos enormes. Pero este es prioritario porque, sin duda, se trata de la cuestión más urgente de la agenda feminista.
Nos están matando. Es literal. Así que en 2023, desde EL HERALDO, seguiremos insistiendo en ello, aunque las respuestas en materia de prevención, educación sexoafectiva o medidas estructurales sigan siendo tan precarias. No nos cansemos.
