El fin del año 2022 fue un cierre atípico para un país como Colombia en el que lo usual, o al menos lo habitual, era que para cuando sonaran los pitos y campanas que indican el último minuto del 31 de diciembre los colombianos teníamos más o menos claridad meridiana de los costos que se venían con la llegada de un nuevo año.

La razón no era otra que en diciembre, una vez se concretaba el aumento del salario mínimo, cada ciudadano sabía cuál sería el impacto que tendría su bolsillo en cuanto a los valores adicionales que tendría que pagar por cada bien o servicio, desde el valor de un peaje hasta la cuota moderadora o copago de su eps.

Sin embargo, el 2023 arrancó con creciente incertidumbre por cuenta de los esperados decretos para desindexar varios rubros que dependían del incremento del salario mínimo y ahora solo quedarían atados a la inflación o a la unidad de valor tributario (UVT). Los decretos salieron al final de la noche del último día hábil del año y solo desligaron 85 ítems de 200 que se habían anunciado entrarían en esa normatividad.

Para colmo de males, el 16 % de incremento en el mínimo se pactó basados en una inflación presupuestada del 12,6 % más la productividad del 1,24 %, pero lo cierto es que al final el dato revelado por el Dane el pasado jueves sorprendió y superó hasta el peor de los escenarios proyectados por los analistas económicos: fue del 13,12 %.

Se trata de una diferencia casi de un punto porcentual que ya se comió buena parte del incremento del mínimo decretado por el Gobierno, que también se quedó corto en sus proyecciones. Y como decían en los capítulos del célebre programa de televisión con el que crecieron varias generaciones de Latinoamérica: “¿Y ahora, quién podrá defendernos?”.

Por un lado, el Banco de la República pasó todo el 2022 subiendo los puntos de la tasa de interés en su intento por atajar la inflación, tanto que la terminó llevando al 12 %, la más alta en 23 años. Por otro, el Ministerio de Hacienda desindexó del salario mínimo el incremento de varios productos y servicios – como las sanciones por consumo de estupefacientes y porte de armas o las tarifas para participar en los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil–, unos que realmente tienen impacto sobre un porcentaje muy mínimo de la población.

Seguramente las entidades del Gobierno nacional tienen la mejor intención de controlar el caballo desbocado llamado inflación y cuya alza sin control no es un problema exclusivo de Colombia, sino del mundo entero, pero al tiempo que las medidas tomadas parece que no han producido los efectos esperados, los anuncios caóticos en otras áreas han terminado de desestabilizar una economía que ha venido dando tumbos por cuenta de la incertidumbre en los mercados, agitados de por sí por los conflictos internacionales.

En tanto que las aguas se calman y se encauzan, y el Gobierno encuentras las fórmulas, la única arma o herramienta que le queda a cada ciudadano, sea cual sea su estrato, su salario o su fuente de ingresos, es la prudencia frente a sus decisiones de gastos o inversiones. La turbulencia con la que arranca el 2023 en materia económica y política, en un año marcado por las elecciones regionales, obliga a tener pies de plomo y no dar pasos en falso cuando de tomar créditos, realizar compras o invertir se trate. 2023 debe ser un año –sin perder el optimismo y revisar todas las posibilidades– de prudentes decisiones, a nivel individual, pero también en colectivo.