Lo de congelar el valor de las tarifas de peajes no le ha salido al Gobierno como esperaba. E incluso, se le podría convertir en un dolor de cabeza aún mayor. El asunto de fondo radica en que, al igual que ha sucedido con otras decisiones del Ejecutivo anunciadas antes de tener definida su normativa u hoja de ruta, las buenas intenciones que las acompañan suelen dar pie a improvisaciones, desencuentros o rectificaciones de funcionarios del más alto nivel, que demuestran cuánto les está costando la curva de aprendizaje de sus cargos. Aunque también ha sucedido que a la cuestión incómoda que desata la polémica de turno se le echa tierra sin más, en vez de reconocer con gallardía que se incurrió en un desatino que podría pasarles factura más temprano que tarde. Con demasiada frecuencia se olvida que lo cortés no quita lo valiente.

Como un mecanismo para atajar la desbocada inflación que nos devora, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó que los peajes no subirán en 2023. Gran noticia. Quienes son usuarios frecuentes de las vías celebraron el anuncio que, valga decir, se materializó más rápido que el de la rebaja del 50 % del SOAT, pero que, en su defecto, no fue lo suficientemente claro ni preciso en el detalle para evitar la confusión o las protestas de las últimas horas, en Atlántico o Córdoba, por ejemplo. El pasado lunes, como se tenía previsto, concesiones de todo el país aumentaron sus tarifas, de acuerdo con el IPC del año anterior, lo cual causó un comprensible malestar entre los conductores. Cierto que el ministro había anticipado que las tarifas se congelarían, pero como no se conocía el decreto ni su alcance, el incremento cogió a más de uno mal parqueado. Reyes divulgó el decreto, expedido el día anterior, con el compromiso de que los valores se reversarían, pero no en todos los casos eso fue lo que ocurrió.

Como el Gobierno habló de congelar las tarifas de los peajes, terminó por meterlos a todos en un mismo saco, pese a su distinta naturaleza. De modo que a los usuarios de aquellos que no reversaron sus alzas les ha quedado la sensación de que están siendo timados. Indudablemente, faltó una socialización más pormenorizada de un asunto de enorme impacto para el bolsillo, para tratar de entender que concesiones como Autopistas del Caribe, al ser una iniciativa privada sin recursos públicos, no está cobijada por la norma y, por consiguiente, mantendrá el incremento.

Ante cuestionamientos de gremios como la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) sobre la operatividad de esta decisión, el ministro de Hacienda desactiva parte de la controversia: los $800 mil millones que dejarán de percibir las concesiones los asumirá íntegramente el Estado, vía recursos de la rendidora reforma tributaria. Y no será la única fuente. Su colega de Transporte le suma la valorización que tendrían que retribuir propietarios de predios vecinos a obras viales o a proyectos de infraestructura adjudicados por la ANI, beneficiados con los mismos. Como se le ha vuelto costumbre, sin dar más detalles de los criterios técnicos, financieros o jurídicos, porque aún no se han determinado, el señor Reyes anticipa que los habitantes de Cartagena pagarían valorización por la intervención en el Canal del Dique. ¿Será, entonces, que pretenderá cobrarlo también en el sur del Atlántico, otro territorio que se verá favorecido por estas obras? Antes de cometer semejante error, lo mejor que podría hacer es visitar los municipios de esta empobrecida subregión para tratar de encontrar a los boyantes terratenientes a los que va a “clavar” con la contribución, según sus palabras. Tiene razón el ministro cuando señala que el Gobierno está facultado para su recaudo, pero debería tener en cuenta que si no se hace con sensatez y equilibrio, se abriría una caja de pandora muy difícil de cerrar. Prudencia, mucha prudencia.