Guatemala sacudió en la semana que termina las relaciones con Colombia por cuenta del anuncio del fiscal Rafael Curruchiche de investigar al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por sus acciones al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU entre 2013 y 2019, que tenía como misión develar las estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.

Según Curruchiche, el ministro Velásquez permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad que preside Curruchiche –por cierto sancionado en 2022 por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio por crear casos falsos– en su anuncio oficial dijo que emprendería acciones legales para que el ministro Velásquez “responda por sus actos ilegales y abusivos”. Adicionalmente libró tres órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía de Guatemala y de la Cicig.

Como era de esperarse, el anuncio de Curruchiche provocó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien respaldó a su ministro y de inmediato llamó a consultas a su embajadora. Lo propio hizo el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Hubo fuertes declaraciones de lado y lado que resquebrajaron la relación que en el caso de Colombia le representó entre enero y noviembre de 2022, según cifras del Dane, unas exportaciones a ese país de USD430,8 millones.

Más allá de las implicaciones económicas y comerciales entre Colombia y Guatemala, lo del país centroamericano mereció la condena internacional de actores como Estados Unidos, la ONU y la Human Rights Watch, que cuestionaron duramente a la justicia de ese país.

También el respaldo al ministro de 228 organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia que suscribieron una carta de apoyo.

Y es que Velásquez, al ser delegado por la ONU, goza de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció la Cicig.

No es fácil intentar entender por qué Guatemala, aun sabiendo de la inmunidad que poseen los miembros de esa comisión, insiste en investigar al mindefensa colombiano pese a que no podrá ordenar ninguna medida en su contra. Pero lo que sí ha logrado es poner en jaque la relación diplomática con Colombia y ponerse en el ojo del huracán por lo que se considera una clara intención de enjuiciar penalmente a quienes trabajaron por esclarecer la corrupción en esa nación y reforzar su sistema de justicia.

Se viene esta semana la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la que está previsto asistan los presidentes Petro y Giammattei. Ojalá sea este el escenario propicio para que como jefes de Estado puedan solucionar a través de la diplomacia, como corresponde, este episodio.

Lo otro es que la condena internacional en el caso del ministro Velásquez también debería servir para consolidar el respeto que toda nación debe tener hacia los acuerdos y compromisos suscritos para combatir la corrupción, más allá de los presidentes de turno.