La rueda de prensa de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para responder a las inconsistencias e irregularidades denunciadas en el “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética”, elaborado por sus asesores, dejó muchas más dudas que certezas. El documento de diciembre de 2022 ha sido la base para que, tanto ella como el presidente Gustavo Petro, anunciaran en foros dentro y fuera de Colombia la existencia de reservas de gas para consumo interno hasta 2042. Dato que causó extrañeza, casi que estupor, entre los actores de la industria que se preguntan de dónde salieron los recursos que alargaron, de la noche a la mañana, las reservas, pues según el más reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (AHN) estas tenían una vida útil de 8 años, en el caso del gas, y de 6,3 años, en el del petróleo.

Diversos análisis, sustentados siempre en criterios técnicos y no en activismos ideológicos ni políticos, como debe ser, coinciden en que el estudio, con el que el Gobierno justifica la no suscripción de nuevos contratos de exploración, carece de transparencia e incurre en preocupantes errores al mezclar información sobre reservas probadas, probables y posibles.

Si bien es cierto que estos términos a simple vista parecen sinónimos, la realidad indica, y lo saben de sobra los conocedores del sector, que se trata de situaciones totalmente diferentes, con sus propios niveles de riesgo y de probabilidades para poder producir y comercializar las reservas. Meterlo todo en un mismo saco es un error mayúsculo.

De modo que cuesta entender por qué el círculo más estrecho de la ministra Vélez se resiste a asumirlo así. Lo que está en juego al cerrar la puerta a la firma de nuevos contratos y a explorar áreas donde se estiman reservas no solo compromete la autosuficiencia y soberanía energética a mediano y largo plazo. También pone en riesgo los necesarios ingresos fiscales que el sector aporta. Pero aún peor, resultaría un escándalo descomunal si se confirma que resoluciones de tanto calado se intentan acreditar con un informe plagado de “problemas técnicos, económicos, metodológicos y sin referencias bibliográficas”, como la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, le aseguró al diario El Tiempo.

Quien fuera uno de los alfiles más cercanos a la ministra en el inicio del Gobierno espera que el presidente Petro le acepte su renuncia. Incómoda porque sin su autorización su nombre aparece validando un estudio que no comparte, Ruiz precisa que ni siquiera fue consultada. Insólito, por decir lo menos, teniendo en cuenta la relevancia de su cargo.

Como ella, el ex director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Armando Zamora expresa serios reparos. No se explica cómo en dos meses, desde su salida del cargo en octubre pasado hasta la publicación del estudio, el panorama de las reservas casi se triplicó. Por su parte, Vélez, tan habituada a echar tierra a sus propios yerros sin entonar el mea culpa, dice que el documento no es un informe oficial, sino un análisis con “cifras potenciales” para tener “conversaciones propositivas”, tomar decisiones de política pública, conocido por quienes hoy lo critican y que en su momento no se opusieron. ¿En serio, ministra? Nos gustaría creerle.

Este episodio, uno más en la larga sucesión de desencuentros, reveses e imprecisiones que han caracterizado su gestión, acrecienta la desconfianza por la ligereza con la que estaría definiéndose el futuro de un sector del que depende en gran medida la transición energética, que demanda responsabilidad, gradualidad y estabilidad económica. ¿Usará un documento tan rebatido como insumo para la próxima reunión con sus colegas de Hacienda y Comercio? La pelota está en su tejado. Valore las consecuencias de lo que hace y lo que dice. Tampoco estaría de más que se ponga de acuerdo con su equipo en el ministerio y con el resto del Gobierno para dejar de dar palos de ciego.