Tampoco 2023 será el año de la implementación del taxímetro en Barranquilla y sus municipios vecinos. Bueno, no al menos, bajo los términos establecidos por Área Metropolitana que, a través de una licitación pública, buscaba poner en marcha el sistema en el Transporte Público Individual (TPI). Pese a la necesidad de incorporar este u otro modelo de similares características para mejorar los deteriorados estándares de calidad del servicio, su adjudicación, cercana a los 29 mil millones de pesos, fue declarada desierta por el comité evaluador que de manera enfática consideró que el único oferente, el Consorcio Taxis Barranquilla, no cumplía con los requisitos jurídicos y técnicos para operar la plataforma. Nada distinto a que no aportó las garantías, entre ellas, contrato de seguro con una póliza, patrimonio autónomo o avales bancarios, exigidas en el pliego de condiciones definitivo. De modo que no había cómo seguir avanzando.

Indudablemente, se trata de una nueva frustración en el tortuoso camino para dotar a Barranquilla y su área metropolitana de un sistema automatizado de taxis que garantice el cobro de tarifas justas, modernice la operación e incorpore controles de seguridad en los recorridos. No es mucho pedir, pero demasiados intentos fallidos de administraciones distritales y, más recientemente, de la autoridad territorial, en las últimas dos décadas, demuestran que esta carrera requiere con urgencia de un nuevo enfoque. El asunto no es menor porque si se insiste en la figura del taxímetro, manteniendo invariable el sentido de las cláusulas de los malogrados procesos del pasado, es posible que se produzca otra decepción que sepulte de forma irreversible la imprescindible transformación digital de este servicio público. Ese es el peor escenario al que se podría llegar, tanto para usuarios como para los conductores, propietarios y empresarios del gremio que mantienen una feroz competencia con las plataformas de movilidad.

Tarifas competitivas, calidad en el servicio, seguridad y medios tecnológicos son algunas de las razonables propuestas de los taxistas que en su gran mayoría defienden la puesta en funcionamiento de un modelo que blinde su actividad. Ese es un punto de partida esencial. Sin embargo, también es necesario entender una cuestión crucial en el fondo de este debate. Más allá de la información básica sobre el conductor o su tarjeta de operación, que son importantes, sin duda, o de la apropiación de elementos digitales como un botón de pánico o un dispositivo para monitorear en tiempo real los trayectos con un GPS, lo fundamental es que se ponga fin a la habitual práctica de negociar las tarifas entre el taxista y su pasajero. Si no se modifica o evoluciona el imaginario colectivo de unos y otros, cualquier sistema llamado a construir confianza en esta relación, a ratos tan accidentada, correrá el riesgo de convertirse en un fiasco.

No será fácil. Pero, esta es una pelea que toca darla. Por sentido común, se creería que es posible cantar victoria. Existen apps de transporte que indican la tarifa, de acuerdo con el recorrido, marcando un punto de origen y de destino. Nadie regatea ni se enzarza en un interminable rifirrafe con el conductor, porque los términos de la carrera se determinan con antelación. El usuario tiene, además, la posibilidad de calificarlo y de conocer la ruta que seguirá. Este es el camino más expedito para que taxistas y pasajeros interactúen de manera armónica con reglas de juego claras. Parece sensato que ante esta nueva frustración, Área Metropolitana de Barranquilla explore, como plantearon algunas voces a EL HERALDO, la opción de habilitar una aplicación móvil gratuita que facilite el acceso de los actores involucrados, taxistas, usuarios y autoridades, en condiciones o
con estándares atractivos para la prestación del servicio, soportadas en la legalidad y una regulación acordada previamente. Corresponde buscar salidas o alternativas antes de que se haga más tarde para poner a la ciudad a tono con la dimensión global.