Como si se tratara de una carambola a tres bandas, en menos de 24 horas, un juez revocó la medida de prisión domiciliaria a Digno Palomino y ordenó su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, mientras que Venezuela deportó a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor. Cuatro años permaneció el jefe de la estructura armada ilegal de ‘los Costeños’ en ese país, donde, a pesar de encontrarse en un centro de reclusión, continuaba al frente de los delitos perpetrados por su red criminal en Barranquilla, Soledad y el resto del área metropolitana.
De hecho, hace dos semanas, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, le aseguró a EL HERALDO que sus fuentes de inteligencia e informantes lo señalaban de estar detrás de todas las acciones delictivas en el Atlántico, como su determinador. Incluso, el alto oficial no descartó que fueran ciertas las especulaciones sobre sus salidas del establecimiento carcelario en Venezuela a Colombia. Pues bien, ‘Castor’ ya está de vuelta para que responda por sus crímenes que, él mismo indicó nada más llegar, la Fiscalía tendrá que demostrar con pruebas.
Todo este despliegue, necesario por demás, es la sólida respuesta de la institucionalidad ante los reiterados zarpazos de una criminalidad desbordada que, a través de las más espantosas expresiones como masacres, asesinatos selectivos, extorsiones, amenazas e intimidaciones, ha resquebrajado la convivencia ciudadana, la tranquilidad y el bienestar de los barranquilleros y atlanticenses en general. Es más, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó estos movimientos estratégicos como “noticias que contribuirán a la seguridad” de Barranquilla, al advertir, en efecto, que los otrora socios y amigos son reconocidos como “jefes de las bandas que tanto daño han causado a la ciudad”. No le falta razón.
Junto con Ober Martínez, recluido ahora en la cárcel de alta seguridad de La Dorada, Caldas, Palomino y Díaz Collazos son los herederos de poderosas organizaciones criminales dedicadas principalmente al narcotráfico y a la extorsión, que se asentaron hace más de una década en el departamento. Su alianza criminal desde su origen en las filas de ‘los Rastrojos Costeños’ ha venido mutando, reconfigurándose y cobrando una cantidad considerable de vidas, muchas de ellas de jóvenes vulnerables instrumentalizados con propósitos delictivos.
De tanto ir juntos, al final se quedaron solos. Sus lazos no solo se rompieron, sino que se transformaron en una implacable enemistad que ha desencadenado, en parte, el recrudecimiento de la criminalidad, por su disputa por el manejo de las rentas ilícitas, el control social y territorial de los barrios de la ciudad. ¿A qué le apuestan? Al menos, en el caso de Digno Palomino, a ser parte de la paz total. Pero no tendrá carta blanca para hacerlo, ni él ni ninguno de los viejos actores criminales de Barranquilla, de acuerdo con lo expresado el pasado viernes por el propio ministro del Interior, Alfonso Prada, si no demuestran su “completa voluntad de respetar a los ciudadanos del Atlántico”. Algo que hasta ahora, claramente, no ha pasado.
Que Prada advierta que “no podrán llevar una doble vida estando en el proceso”, si es que logran tener cabida en él, pone las cosas en su justo lugar. Mientras, el único camino posible es el que se ha recorrido en las últimas horas: combate articulado de Gobierno nacional, Policía, Fiscalía y Justicia contra la criminalidad para impedir que actúen desde sus sitios de reclusión, bien sean cárceles o casas. Corresponde a las instituciones consolidar a diario el mensaje de un “solo Estado trabajando en el Atlántico para enfrentar la delincuencia”. Ya era hora. El resultado de las primeras acciones abre grandes expectativas de mejora en seguridad, pero estas deben sostenerse en el tiempo para que resulten efectivas. Porque, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no existen certezas de que estas estructuras armadas cesen sus actividades ilegales, pese a que sus máximos capos queden fuera de juego. Lo demás es pensar con el deseo.
