Hace bien el gobierno del presidente Gustavo Petro en desplegar todos los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su alcance para atender la probable erupción del volcán Nevado del Ruiz, “que podría ser mayor a las que ha registrado en la última década”. Pese al monitoreo constante que se hace de los parámetros del macizo montañoso, como su inestable actividad sísmica, el preocupante incremento en la temperatura del cráter o la disminución de la columna de vapor de agua que emana, señales claramente detectables por los equipos del Servicio Geológico Colombiano, la falibilidad humana nos recuerda que no siempre sabemos entender lo evidente, así lo tengamos delante. Conviene, entonces, actuar a tiempo en todos los frentes.

Desde el primer día, y de esto hace al menos dos semanas, la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres (Ungrd) fue clara ante la amenaza en la que se convirtió el "León dormido" de 5.400 metros de altitud que comenzó a despertar. La alerta naranja decretada para los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca activó un operativo considerable en el que participan centenares de socorristas, integrantes de la fuerza pública y delegados de los gobiernos locales, liderados por expertos en estas lides que insisten en la evacuación de los habitantes de las zonas aledañas como la más sensata medida preventiva. Sin embargo, muchos de ellos curados de espanto por los azares de sus propias vidas y a pesar de ser conscientes del peligro que representa su vecino han dicho que no se irán tan fácilmente.

Para que se entienda mejor: sienten angustia por la posibilidad de una erupción, y quien no la tendría durmiendo al lado del “majestuoso coloso”, como también se le conoce al Nevado del Ruiz, pero más le temen a que inescrupulosos les roben sus pocas pertenencias o a que sus animales se les mueran de hambre si los dejan solos. Cada quien es dueño de su miedo, eso sin duda, y quienes se niegan a evacuar, pese a la orden del Gobierno, confían en que si ocurre lo peor puedan moverse rápido o ser rescatados por los organismos de socorro que han dispuesto planes de emergencia, rutas señalizadas y medios tecnológicos para alertar en tiempo real.

Efectivamente, gracias a los avances de la ciencia hoy contamos con muchos más medios para responder a una eventual emergencia que los existentes o disponibles en noviembre de 1985, cuando se produjo la erupción del mismo volcán, que provocó una avalancha descomunal que acabó con la vida de 25 mil personas: la mayor catástrofe natural de la historia de Colombia. Sin embargo, volvemos a lo mismo: eventos tan poco comunes como este tienen un componente de imprevisibilidad que requiere grandes dosis de prudencia hasta que no cambien las tendencias o patrones y se retorne a la normalidad. Lo cual, hasta ahora, no ha sucedido, al margen de que el Servicio Geológico Colombiano reconozca una “disminución marcada en la sismicidad” del volcán, que el 29 de marzo llegó a registrar 11 mil movimientos.

Nada se puede dar por sentado bajo las actuales circunstancias y lo único claro, como reiteran los vulcanólogos, es que la alerta naranja se mantiene, con todo lo que ello implica. Así que el Gobierno nacional, que asumió con seriedad y responsabilidad esta situación desde el principio, tiene que seguir tomando las decisiones más eficaces hasta garantizar la seguridad de los miles de habitantes de los 24 municipios en riesgo. En lo posible, corresponde a la Ungrd, ahora en cabeza del excongresista Luis Fernando Velasco, insistir en su evacuación para evitar que se reedite la tragedia que enlutó a Colombia hace más de 37 años, tras una de las erupciones volcánicas más letales del siglo XX en el mundo.