Alos líderes sociales en Colombia los siguen matando. De hecho, van más de 50 asesinados este año, 35 en el primer trimestre, pero parecería que esto no estuviera pasando. Cada quien podrá elucubrar sus propias versiones sobre porqué de un asunto tan relevante se habla poco, para ser francos cada vez menos, y no faltarán quienes argumenten que, por efecto de un natural despiste u olvido, a los funcionarios del actual Gobierno, inmersos en sus propias agendas transformadoras, les cuesta pronunciarse sobre este insoportable rosario de víctimas.

Siendo indulgentes, no haría falta que de ello hablaran todo el tiempo. Bastaría que lo recordaran cada cuánto. Pero a decir verdad, en particular, por tratarse de un gobierno progresista sí deberían hacerlo de manera insistente porque este año y, en especial, en lo corrido de abril han asesinado a uno o a dos líderes comunales, comunitarios, indígenas, campesinos, de víctimas y de población diversa, así como a defensores de derechos humanos, con una frecuencia aterradora, en ocasiones a diario, provocando una comprensible sensación de orfandad entre las comunidades sacudidas por este horror en los territorios. Así resulte que en el balance final se registren descensos.

Que la compasión, humanidad o solidaridad se manifiesten cínicamente selectivas, según el color político o la corriente ideológica, no tiene justificación.

¿Por qué esta barbarie, al igual que las masacres que tampoco cesan en el país –Indepaz confirma 33- no se rechazan de forma individual y colectiva, pero ante todo, determinante, como antes ocurría, al menos en los espacios conquistados por la sociedad civil? ¿En qué momento los más incisivos críticos de la inacción estatal del anterior Gobierno terminaron anestesiados o se silenciaron, haciéndose los de la vista gorda con lo que está pasando?

Si bien es cierto que esta monstruosidad es el resultado de nefastas decisiones sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la persistente ausencia del Estado y el fortalecimiento de las economías ilícitas, como el narcotráfico o la minería ilegal, que alentaron la expansión o el reciclaje de grupos armados, el silencio institucional por su alarmante violencia solo le echa más leña al fuego a la gravosa indefensión de quienes están en riesgo.

Es difícil lidiar con un escenario tan adverso como hostil en el que cerca de 21 mil personas conviven en distintas formas de ilegalidad en Colombia, en organizaciones guerrilleras, bandas criminales o estructuras mafiosas.

Todavía más retador es intentar construir escenarios de ceses, treguas o negociaciones de manera simultánea para volar con afán hacia la paz total. El resultado de tanta vehemencia, además sin un consistente plan de vuelo, como hasta ahora ha quedado demostrado, puede conducir a ninguna parte.

Más desconcertante aún es que uno de los interlocutores, la Segunda Marquetalia, que pide pista desde hace rato, anuncie la refundación del frente 53, de nefasta recordación en el país. No sorprende el poco entusiasmo que en distintos sectores despierta la iniciativa liderada por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, que luce desbordado con exceso de diligencias. Se le amontonan los deberes pendientes.

Las soberbias manifestaciones de poderío criminal de Iván Márquez o las de ‘Iván Mordiscos’, jefe del Estado Mayor Central (EMC), a quien el senador Julián Gallo le recordó que las Farc desaparecieron tras la firma del acuerdo de La Habana, están lejos de anticipar el fin de la violencia.

Con grandes dosis de verdad, Leonardo González, coordinador de Indepaz, le dijo a EL HERALDO que “los grupos ilegales no tienen interés político, solo quieren adueñarse de las rentas ilícitas”, mientras ejercen control absoluto, usurpando las funciones del Estado. Su análisis es realista.

¿Lo entiende el Gobierno así? Esta semana la agenda de paz se reactiva, con la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese el fuego bilateral entre el Ejecutivo y las disidencias del Estado Mayor y los preparativos del tercer ciclo de diálogos con el Eln en Cuba. Haría bien el comisionado Rueda si señala líneas rojas que garanticen alivios humanitarios a los civiles, sin intermitencias, canales rotos ni regulaciones inicuas para mitigar el sufrimiento en los territorios a merced de los violentos, ciertamente, incontrolables.