Los nuevos ajustes en la política migratoria que anunció esta semana el Gobierno de Estados Unidos suponen una importante variación en el panorama para quienes quieren llegar a su territorio de cara al vencimiento –11 de mayo– del llamado Título 42, una medida aprobada en la presidencia de Donald Trump, que le permite al país expulsar a quienes lleguen a la frontera, bajo el sustento de una emergencia sanitaria por cuenta del covid-19.

Si bien el secretario para la Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, aclaró que la frontera no estará abierta a partir del 11 de mayo, y que “cualquier migrante que llegue sin haber utilizado las vías legales para solicitar un asilo será deportado de manera expedita y podría ser objeto de fuertes sanciones que incluyen una prohibición de reingreso a EE. UU. de al menos cinco años y un posible enjuiciamiento penal para los reincidentes”, son muchos los frentes que empiezan a tener un giro principalmente positivo por cuenta de dichos ajustes, aunque falte mucho todavía por hilar y mejorar.

El primero, y tal vez el más importante, es que se realizarán procesos más seguros que buscan evitar la muerte de miles de migrantes tanto en la frontera (muchos ahogados en el río Bravo y otros pasos) como en la inclemencia de las condiciones del Darién (cuyo flujo se ha incrementado los últimos años). Esto gracias a la apertura de nuevos centros de procesamiento en el Hemisferio Occidental, con capacidad de atender 6.000 casos al mes, para facilitar el acceso a las vías lícitas y al acceso ampliado a la aplicación CBPOne para presentarse en un puerto de ingreso.

Así mismo, estos ajustes permiten combatir a los coyotes y a las bandas trasnacionales que se aprovechan de la vulnerabilidad del migrante, tanto para explotarlo como para vulnerar sus derechos en los caminos seleccionados para intentar llegar a Estados Unidos, muchas veces bajo engaños y promesas que nunca se materializan. En ese mismo aparte, la desinformación de la que se valen para que la gente opte por aceptar sus ofertas, pues miles no conocen cuáles son las vías legales para llegar al país.

En otro frente, también se presentarán nuevos procesos de permisos para la reunificación familiar, enfocados en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, lo cual se traduce no solo en una mayor esperanza para quienes quieren migrar desde estos países, sino también en el aumento de probabilidades de lograr sus metas junto a sus seres queridos, que en un buen porcentaje tienen que permanecer sin poder compartir tiempo con sus familias por años para poder cumplir con los requerimientos para asentarse en EE. UU.

Este ajuste, que se conoce específicamente como Family Reunification Parole Process (FRPP) o Programa de Libertad Condicionada para la Reunificación de Familias, era un alivio migratorio del que solo podían hacer uso los ciudadanos de Cuba y Haití.

A su vez, el Parole fomenta la inserción laboral al mercado de personas que ya tienen una noción de cómo es el sector económico en el país, gracias a la experiencia con la que ya cuentan sus familiares, así como la llegada de mano de obra bajo procesos mejor establecidos.

Además, la ampliación de la cantidad de refugiados que recibirá Estados Unidos del Hemisferio Occidental también representa más oportunidades para quienes buscan este estatus y les es negado por diferentes razones, o quienes salen de sus países por motivos ajenos a su voluntad.

Por último, el apoyo a los procesos de migración regular de los demás países del hemisferio, incluso buenos aumentos en recursos económicos, también permite a los migrantes lograr oportunidades en otros espacios diferentes a Estados Unidos, en donde también se están dando procesos importantes, como el caso de Colombia, por realizar una verdadera inclusión e integración del migrante.

Cabe resaltar que el camino todavía es largo. Un ejemplo de ello es el promedio, de entre 15.000 y 20.000 colombianos que están llegando a la frontera sur de EE. UU. cada mes, esto sin contar los cerca de 30.000 migrantes de Venezuela, por lo que la cifra mencionada anteriormente de 6.000 casos que podría atender cada centro que se ubicaría en el hemisferio sigue siendo insuficiente para el flujo migratorio.

Así las cosas, estos cambios, que parecieran llegar un poco tarde dado que la crisis migratoria lleva años acentuándose, suponen por fin un paso tangible para atacar el flagelo de las muertes de migrantes en medio de las travesías y los diferentes tipos de violencias que padecen en el camino. Motivo por el cual no solo el Gobierno colombiano sino también los demás del hemisferio deben persistir en que EE. UU. continúe con la regulación y ampliación de alternativas que dignifiquen al migrante.