Cartagena y Asunción (Paraguay) estarán unidas hoy por un mismo duelo: el aniversario del asesinato del fiscal Marcelo Daniel Pecci, quien fue ultimado por sicarios hace un año exactamente cuando se encontraba de luna de miel junto a su esposa, Claudia Aguilera, en un exclusivo resort en Barú. Ese día volvió a triunfar la mafia, la corrupción, el dinero sucio y los macabros lazos de los grupos ilegales colombianos con los de Sudamérica. Triunfó –nuevamente– el mal sobre el bien, como lamentó profundamente Francisco Pecci, padre del funcionario, quien se resignó entre lágrimas por el escalofriante poder de la narcopolítica. Y, para colmo de males, el país volvió a ‘albergar’ un nuevo capítulo de los hechos más violentos que genera la droga en el continente. Pecci, encargado de las más espinosas investigaciones contra el narcotráfico en su país, murió de un tiro en la cabeza cuando estaba presto a secarse tras un baño en el mar y, posteriormente, dejar el hotel. Su esposa vivió en primera fila la matanza a quemarropa y, tras los balazos, cayó al suelo junto al inerte cuerpo de su marido, pidió una toalla para cubrirlo y rompió en lágrimas. Su bebé en estado de gestación, que había sido anunciado apenas días antes, se quedó sin padre por la enferma molestia de aquellos que manejan los hilos de las rentas ilegales.

365 después, la Fiscalía General de la Nación, junto al apoyo del Ministerio Público de Paraguay, ha logrado la captura de nueve personas vinculadas con el crimen, de las cuales seis han sido condenadas, entre ellas una barranquillera, Margareth Chacón, quien ofició como coordinadora del atentado y que de no ser por ella el abogado estaría hoy con vida. La atlanticense fue la que instó a acelerar el proceso para acabar la ‘misión’. Así fue. Wendre Still Scott, el sicario que accionó el arma, cometió su labor un día antes de que el fiscal y su esposa partieran del país.

Por otro lado, como dato para destacar, los procesos judiciales se llevaron a cabo en tres países: Colombia, Venezuela y El Salvador.

Sin embargo, la herida de los Pecci está lejos de cicatrizar por dos razones: en Colombia no existe la cadena perpetua, una condena que exigían las víctimas, y el desconocimiento –hasta ahora– de la mente maestra del crimen trasnacional.

Todos los peones han caído, el rompecabezas de cómo y cuándo se ajustaron las cuentas para llevar a cabo el hecho ha sido resuelto, pero el dato principal, la incógnita más importante, sigue sin resolverse: no se sabe quién dio la orden.

Lo peor, según declaraciones entregadas por Sebastián Acha, amigo íntimo de la familia de la víctima, es que esa información pueda nunca saberse. El crimen de Pecci, que aún no tiene una causa o motivo claro y específico, está tan inmiscuido en una extensa y compleja telaraña de corrupción, poder y maldad al servicio de los grupos ilegales, que el próximo nombre que sea revelado como autor intelectual pueda ser simplemente un cortafuegos para evitar que se conozcan los verdaderos criminales y, por ende, los escalones que están más arriba de esta pirámide. Desde Paraguay, según algunos analistas, no descartan que políticos estén tras bambalinas en este oscuro crimen.

Habrá que esperar, pero las autoridades ya han dado indicios de lo que sucederá en los próximos meses. El balón está en la cancha de Francisco Correa Galeano, quien negocia con la Fiscalía inmunidad a cambio de entregar nombres de los implicados. El mismo Correa, un exmilitar colombiano con nexos con la banda Los Paisas, reveló en audiencias que para la labor que le encomendaron tuvo que echar mano de miembros asociados a la temida banda venezolana del Tren de Aragua; sin embargo, no hay claridad si los nombres que conozca sean los principales responsables.

Hoy, en horas de la tarde, las autoridades paraguayas tienen pensado realizar un homenaje al fiscal Francisco Pecci, pero como dijo su madre, Maricela Albertini, para la pérdida de un hijo no hay condena que baste, pastilla que merme el dolor, ni acto que logre sanar las heridas que dejaron los dueños del narcotráfico.