Las cuatro jornadas de la Audiencia Única de Verdad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) en Montería sacudieron conciencias, removieron pesares y pusieron contra las cuerdas a quienes, en algunos casos, mencionó con nombre propio por primera vez.

Ese fue quizás uno de los aspectos más relevantes de su extensa comparecencia ante los magistrados del tribunal y representantes de sus numerosas víctimas en la región Caribe, a quienes el demencial accionar de los grupos de autodefensas les arrebató todo, menos la dignidad. Ahí estaban una vez más, rotos de dolor, para exigirle verdad, justicia y reparación.

Como tantas veces solicitó desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, este señor de la guerra, uno de los asesinos más despiadados de la historia reciente de Colombia, tuvo tiempo y espacio para revelar públicamente los detalles de las temibles alianzas que el paramilitarismo, que él lideró con los hermanos Castaño, tejió con los poderes del Estado, sectores de la sociedad y actores económicos en varias regiones del país durante años.

Entregó información precisa, pero sobre todo escalofriante, sobre cómo su ejército criminal en descarnada connivencia con la Fuerza Pública y la Fiscalía masacró comunidades, ejecutó asesinatos selectivos por orden de altos mandos militares, de la Policía y del DAS, realizó operaciones de tierra arrasada, esclavizó poblaciones étnicas, desapareció miles de cuerpos incinerándolos en hornos crematorios o arrojándolos a ríos y convirtió al Canal del Dique en una gigantesca fosa común al aire libre.

Mancuso, pieza clave en el esclarecimiento de la verdad sobre la nefasta historia del paramilitarismo en Colombia, confirma lo que siempre ha sido de público conocimiento, lo que han gritado a los cuatro vientos las víctimas, aunque muchos hayan intentado ocultarlo o negarlo.

El Estado le otorgó de facto un inconmensurable poder a estas estructuras ilegales, instituyéndolas como una poderosa fuerza de defensa privada a su servicio, con la única misión de exterminar a la guerrilla, movimientos progresistas o todo aquello que, supuestamente, según su retorcido criterio o el de sus patrocinadores, fuera considerado como tal. Así estigmatizaron y mataron estudiantes, profesores, líderes sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de población diversa…

La rápida expansión de su modelo criminal financiado con recursos públicos, como los de la salud de los que se apropiaron en complicidad con casas políticas de Córdoba, coaptó y controló entidades oficiales, cogobernó territorios y escaló a tal punto que logró representación en el Congreso.

Es cierto que lo dicho por Mancuso, como que el ex vicepresidente Francisco Santos lo invitó a conformar el Bloque Capital en Bogotá, no es nuevo. De hecho, lo ha reiterado en comparecencias anteriores, por lo que el propio Santos le pidió a la Fiscalía General que levante la reserva del sumario de su expediente, para conocer el estado de la investigación y dejar al descubierto, según él, la falsedad del testimonio. En ese mismo sentido se expresaron Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y la familia del fallecido Horacio Serpa, también señalados por Mancuso.

Si el excomandante paramilitar pretende que su aporte tenga una repercusión considerable deberá hacer mucho más que repasar los pormenores de su relación ilícita con el Estado. Aportar pruebas es indispensable. Si no lo hace, podría correr la misma suerte de Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, a quien la JEP le acaba de cerrar la puerta por no aportar a la verdad plena.

La condición de la JEP para que Mancuso se someta a esta jurisdicción es clara: “Deberá superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones en Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria”.

Si sus aportes son efectivos, suficientes y, además, novedosos, la JEP resolvería su solicitud de sometimiento como sujeto incorporado material y funcionalmente a la fuerza pública. La JEP no está tragando entero, ya lo ha demostrado, y Mancuso tendrá que entregar, a más tardar el 30 de junio, una verdad constatable, en listados, datos e información puntual, o de lo contrario perderá su última oportunidad con la justicia colombiana.