Contra todo pronóstico, Europa no sucumbió a la crisis energética desencadenada por la orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de cerrar sus gasoductos como mecanismo de presión, tras ser objeto de sanciones por la invasión a Ucrania. El liderazgo y visión estratégica de futuro de la Comisión Europea fueron determinantes a la hora de mantener la unidad de las naciones afectadas, todas con matrices energéticas diferentes, en la búsqueda de alternativas que suplieran sus demandas de 40 % y más de gas ruso. Entre ellas, compra de gas licuado a mansalva procedente de Estados Unidos, Qatar y otros mercados, autorización de subsidios para los hogares y aceleración de acuerdos para el desarrollo de energías renovables que redujeran la dependencia del gas bombeado por el autócrata del Kremlin. Pragmatismo de supervivencia.

En otras palabras, luego de asumir que la dependencia energética no solo era un elemento para unir o construir paz, sino que también podía ser un arma capaz de volverse en su contra, la Comisión Europea relanzó sus dados. Para no ser más prisionera, como lo fue de Rusia, propuso a sus países miembros una gobernanza energética sustentada en estabilidad y seguridad jurídica para atraer inversión privada en energías limpias y el diseño de sistemas de protección para los usuarios ante posibles nuevas crisis de escasez. Tarde, casi al filo de la navaja, Europa se dio cuenta que había perdido su autosuficiencia energética. Logró conjurar lo peor, pero aún les costará tiempo y dinero recuperar la disponibilidad del combustible de manera ininterrumpida y a un precio asequible para satisfacer una creciente demanda con suministro de calidad.

Colombia no es Europa. No lo es por varias razones. La más importante es que nuestros recursos energéticos propios, renovables y no renovables, se estiman cuantiosos, a diferencia de los del Viejo Continente, lo que nos permitiría contar con una autosuficiencia razonable e, incluso optimista durante un tiempo prolongado. Pero justo ahí reside la paradoja de esta ecuación. Pese al gran potencial que se calcula en regiones como el Caribe costa afuera o el Meta, solo por citar dos, si el Gobierno le echa el freno definitivo a la firma de nuevos contratos de exploración, tanto de gas como de petróleo, corremos el riesgo de vernos abocados a una eventual pérdida de autosuficiencia energética. El escenario se torna aún más retador, tras el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que sitúa, al cierre de 2022, las reservas de petróleo en 7,5 años y las de gas en 7,2 años, cuando 12 meses atrás eran de 7,6 y 8,0 años, respectivamente. El vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, solo ha empezado a vaciarse, lo que es preocupante.

Sin duda, el actual sistema de explotación de hidrocarburos es insostenible a largo plazo desde perspectivas ambientales, por lo que la descarbonización o diversificación de la matriz energética exige pasos firmes, graduales y equilibrados de los distintos actores públicos y privados. Pero, si la transición energética se impone de manera precipitada o acelerada, poniéndole fecha de caducidad a la exploración y explotación de hidrocarburos, desconociendo la demanda al alza, los retrasos en proyectos claves de generación eléctrica o la suspensión de más de 30 contratos por conflictividades sociales o ambientales –entre ellos, el parque eólico de Enel en La Guajira que ha dicho no va más- se podría desatar una impredecible crisis de seguridad energética. ¿Su principal efecto? Por unanimidad, agentes del sector del gas reunidos en Barranquilla en la cumbre de Naturgas pronostican dependencia de terceros países, en algunos casos nada confiables, a los que se les pagarían rentas por enviarnos un recurso que tenemos en nuestro subsuelo. Cuesta entender que Europa, sin renunciar a su nivel de desarrollo y bienestar busque recuperar su autosuficiencia energética, mientras Colombia parece decidida a perderla.

En definitiva, importar será una decisión política, no ambiental que no se debe tomar a la ligera. O ¿es que el daño que provocaría la extracción de recursos en una nación vecina no afectaría al planeta? Para compensar impactos de la expansión renovable se precisan garantías ambientales, con reglas de juego claras, apostando por una matriz energética limpia, eficiente y asequible. Patear el tablero sin más, ignorando que las inversiones no se apagan ni se encienden de un día para otro, podría dar al traste con la transición que se apuntala, cómo no, en seguridad energética. Así suene impopular, producir energía limpia será difícil sin el respaldo de los privados. Aportemos salidas secuenciales antes de que las dificultades se hagan más complejas.