El fatídico episodio de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia que marcó la década de los años 2000 no ha podido cerrarse, probablemente nunca lo hará en tanto que cientos de víctimas mantengan la necesidad de encontrar verdad, de encontrar razones que les ayuden a entender por qué sus seres queridos fueron ejecutados y presentados como bajas en combate y, hasta el momento, no hayan obtenido respuestas.

Con cada decisión judicial, ya sea de la justicia ordinaria o de la Jurisdicción Especial para la Paz, el dolor se remueve en quienes no desisten en la intención de hallar justicia, pero sobre todo verdad, en torno a los llamados ‘falsos positivos’ que se cometieron entre los años 2002 y 2008 en el país, especialmente aquellos casos que ocurrieron en la jurisdicción de la región Caribe, donde al menos 534 personas fueron víctimas de la macabra práctica presionada por altos mandos militares.

Esta semana la Fiscalía General de la Nación reveló su decisión de abrir investigación y llamar a rendir indagatoria a seis generales del Ejército colombiano en retiro por su participación o presunta responsabilidad en al menos 153 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena.

Se trata de los generales en retiro Fabricio Cabrera (95 víctimas), Hernán Giraldo Restrepo (33), Jorge Navarrete Jadeth (15), Raúl Antonio Rodríguez (7), Luis Fernando Rojas (2) y Luis Felipe Paredes (1).

Conforme está plasmado en un informe del caso, el ente acusador advierte que los oficiales investigados promovieron un plan de estímulos para aumentar los resultados operacionales de los batallones que operaban en la jurisdicción. La vida de campesinos, indígenas y habitantes de barrios marginales fue moneda de cambio por felicitaciones, permisos, vacaciones y licencias que obtenían los miembros de la institución armada que se sometieron a la presión de sus mandos.

Es difícil saber si algún día el país tendrá la posibilidad de conocer la plena verdad sobre este vergonzoso capítulo de su historia, pero al menos tranquiliza saber que las distintas autoridades judiciales, cada una desde su competencia, ha mantenido las investigaciones, los procedimientos, los llamados a declarar de los aparentes responsables de unos hechos criminales que nunca debieron suceder, pero que configuraron lo que hoy la Jurisdicción Especial para la Paz ha denominado el Caso 03: “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.

Justamente a la decisión de la Fiscalía se suma también la de la JEP de este sábado de llamar a rendir versión por el subcaso Costa Caribe a dos de los seis generales llamados por el ente investigador: Luis Felipe Paredes Cadena y Hernán Giraldo Restrepo, antiguos comandantes de la Segunda Brigada y la Décima Brigada Blindada, ambas pertenecientes a la Primera División, que también estuvo bajo el mando de Paredes de 2007 a 2009.

Los familiares de las víctimas confían en que con estas decisiones se abra una puerta para obtener una confesión, a pesar de la conciencia que tienen de que no habrá sanción judicial o pena que traiga de vuelta a sus seres queridos.

Con estos dos llamados y otros tres que se hicieron en febrero, ya son cinco los generales en retiro que acudirán a las diligencias en la JEP a partir del mes de julio.

En el desarrollo del Caso 03 ya han entregado versión 703 miembros de la Fuerza Pública, 3.582 se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y cuatro se han remitido a la Unidad de Investigación y Acusación. Todo para responder a 2.428 víctimas acreditadas ante este organismo en todo el territorio nacional.

Para el caso de la Costa, la Sala de Reconocimiento evalúa 600 resultados operacionales de bajas en combate presentadas por la Primera División del Ejército y del Comando Caribe Conjunto, de los cuales por lo menos 420 están en entredicho.

La verdad es un objetivo de alto valor en lo que concierne a los procesos relacionados con el conflicto armado que tan duramente ha golpeado al país y probablemente la única manera de empezar a sanar heridas tan profundas en este capítulo de terror, por lo que, indiscutiblemente, propender por ella es el único camino por el que debemos avanzar para acercarnos a la justicia que las miles de familias reclaman.