Desconcierto, estupor, indignación. Sentimientos de evidente molestia o contrariedad, aún no asimilados ni contenidos, se apoderaron de un buen número de ciudadanos tras conocer las declaraciones del jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (Eln), Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, consultado sobre el alcance de las acciones ofensivas contempladas en el cese el fuego bilateral de 180 días anunciado por Gobierno y guerrilla, el pasado viernes en Cuba.

Difícil de digerir, de eso no cabe duda, que en el corazón de una esperanzadora noticia como es la posibilidad de alivios humanitarios ansiados por comunidades agobiadas por los horrores de la guerra en los territorios, los elenos dejen caer lo más parecido a una bomba de racimo camuflada, advirtiendo que por el momento en lo pactado no se encuentra incluida la suspensión de los secuestros ni de las extorsiones. Más allá de los eufemismos usados desde siempre por los grupos armados al margen de la ley en Colombia, lo que quiso decir es que las ‘retenciones’ e ‘impuestos’, como califican a sus ‘operaciones de finanzas’, se mantendrán. Para los anales de la historia, su frase: "Si a usted le quitan una cuchara, le tienen que dar otra". Discusión que han abordado en otros momentos, por cierto, y que exige, es lo mínimo, una posición clara del Gobierno.

Acuerdo envenenado a juicio de quienes no creen en la voluntad de paz de la guerrilla del Eln, a la que acusan ahora de indigestar a la opinión pública en un momento crucial en el que se requiere sumar voluntades para dar forma a este cese el fuego, el más extenso de los acordados en las negociaciones con los distintos gobiernos. ¿Torpeza política o cinismo frente a la opción real de concretar pasos importantes hacia la pacificación del país? Ambas, quizás.

La posición de Beltrán, injustificable por sus lesivas implicaciones contra la sociedad civil a la que convocan a una participación masiva en el proceso, para lo que han creado un comité nacional, tendría que ser revisada antes o durante la etapa de alistamiento, previa a la cesación gradual de operaciones ofensivas, que se ejecutará entre el 6 de julio y el 3 agosto, cuando comenzará en firme el alto el fuego. Sin embargo, no parece probable que suceda, porque como también indicó la discusión se dio, pero quedó sin concluir. De manera que antes del siguiente ciclo que se cumplirá en Venezuela a partir del 14 de agosto, el cuarto ya desde que se iniciaron las conversaciones en noviembre de 2022, también en el vecino país, no se alcanzaría a cerrar un acuerdo sobre formas de financiación alternativas del Eln, si es que cabe señalarlo de esa manera.

Negociadores como el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafourie, insiste en llamar a la responsabilidad de la guerrilla en el cumplimiento del acuerdo, que si se viola podría poner en jaque lo alcanzado. Conviene ser cuidadosos, porque en el fondo le corresponde ambientar un clima de confianza para que la población civil, ejerciendo sus derechos y libertades, como precisa la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se incorpore al mismo. Pero, aquí la paradoja es inevitable: ¿cómo hacerlo si se mantienen inamovibles amenazas de secuestros o extorsiones u otras formas de violencia en su contra? No parece sensato que las reglas de juego no se definan ni socialicen con absoluta claridad desde el principio. Sobre todo, porque existen desafíos que harán el cese aún más complejo y ante los cuales no será fácil reaccionar, pese a los mecanismos de monitoreo y verificación o el componente de veeduría social a cargo de comunidades. El más desafiante es que el cese no cobija a otras estructuras criminales, con lo que la posibilidad de confrontaciones o combates será una constante a la que tocará hacerle frente día y noche.

Escenario en extremo complicado en el que la población civil queda expuesta a grandes peligros, de modo que la misión constitucional de las Fuerzas Militares se hace más urgente que nunca. Las órdenes de su comandante se orientan a garantizar su protección. No se espera nada distinto. Lo contrario, sería un despropósito descomunal. Corre prisa. Aún deben definirse protocolos, activar canales de comunicación, diseñar formas de evaluación, pero antes que nada Gobierno y, en especial, el Eln, deben proporcionar razones aún más creíbles, no solo ilusionantes, de que este cese el fuego será viable, sin engaños ni manipulaciones o equivocaciones de lugar y tiempo.