Con la mirada puesta en los turbulentos años de finales de los 90 y primera década del siglo XXI, cuando buena parte de los resultados electorales en los territorios de la Colombia profunda eran producto de la brutal coacción e intimidación armada de las organizaciones criminales, un sinnúmero de voces reclama del Gobierno nacional garantías reales para los comicios regionales de octubre.

De manera errónea, muchos creíamos que episodios tan aciagos de nuestra historia deliberante habían quedado atrás. Pero no es así. La persistente violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en casi todo el país, como documenta la Misión de Observación Electoral (MOE), nos retrotrae a escenarios graves que amenazan con escalar en las próximas semanas en tanto se inicien de manera oficial la inscripción de aspirantes y la campaña en sí.

No es posible celebrar elecciones libres, transparentes ni equitativas si candidatos, servidores públicos o presidentes de Juntas de Acción Comunal no cuentan con mínimas condiciones de seguridad para proteger su vida e integridad, hacer proselitismo, desplazarse con total libertad por sus regiones o cumplir con las funciones para las que fueron elegidos o que les han sido asignadas por sus comunidades.

Bajo la conminación de un fusil, el inconmensurable valor de la democracia desaparece por completo. A eso le apuestan los violentos, lo han hecho desde siempre cuando constriñen a los electores, presionan a los ciudadanos para votar a favor o en contra de tal o cual candidato, y desatan todo tipo de conflictividades para generar caos.

La dinámica electoral de los comicios regionales demanda absoluta cercanía. Es la forma cómo los votantes conocen las propuestas de los aspirantes destinadas a resolver sus preocupaciones, necesidades o problemas, se identifican con ellas y les otorgan, luego, respaldo en las urnas. Pero si esta se quebranta, la participación y representación política de la ciudadanía se restringirá, quedará silenciada o, en el peor de los casos, encarnada por figuras cuestionables que accederán al poder con cartas marcadas o manchadas de sangre para imponer sus agendas.

No es la primera vez, dirán algunos. De acuerdo, pero, a diferencia de lo que pasó en los más recientes procesos electorales, en este momento afrontamos un alarmante recrudecimiento de los hechos de violencia política y, en general, de las acciones criminales de los ilegales. Esto debe encender las alarmas sobre el rol que podrían jugar en los comicios en las zonas sometidas a su control armado.

Sin la presencia de sus alcaldes que debieron huir de 12 municipios de Putumayo, Caquetá, Nariño, Chocó, Antioquia, Cundinamarca y Norte de Santander, tras ser amenazados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de Farc, Clan de Golfo, entre otras estructuras ilegales, de acuerdo con denuncias de la Defensoría del Pueblo, cabe preguntarse, ¿si existen o no garantías para que la población se exprese libremente en las elecciones de octubre? Demasiados hechos parecen indicar que no, al menos en vastas zonas de la geografía nacional.

En 12 departamentos, el desplazamiento institucional como una realidad creciente mantiene exiliados contra su voluntad, además de mandatarios, a concejales, personeros y diputados, entre otros funcionarios. En total, la Registraduría estima que las votaciones corren riesgo en casi 80 municipios, donde funcionan 600 puestos y en los que ejercen su derecho democrático 1,4 millones de colombianos.

¿Qué ocurrirá con ellos? Nadie es capaz de calcular el daño que causan a la democracia, las soberbias amenazas de armados ilegales, como el Estado Mayor Central que, pese a ser parte de la paz total, en vez de propiciar diálogo y consensos han incrementado su accionar criminal en los territorios más distantes del país que suelen ser también los más frágiles.

Si no se adoptan correctivos perentorios o medidas excepcionales, la situación podría derivar en traslado de mesas, violencia antes o en la jornada y elección de alcaldes bajo presión armada. A una sola voz, Registraduría, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría, han alertado por activa y por pasiva sobre el incierto escenario que nos espera. Que no se le haga más tarde al Gobierno para recuperar la institucionalidad en municipios sin dios ni ley en los que el cambio sigue sin llegar.