Con más pena que gloria terminaron las sesiones ordinarias de la primera legislatura del Congreso. Hablar ahora de fracaso sería aventurado. Primero, porque aún no se sabe cuál será el futuro de algunas iniciativas que hacen parte del paquete social del Gobierno en las extras.
Y segundo, porque reformas constitucionales de impacto como la creación de la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos consiguieron su aprobación con un respaldo mayoritario. Tampoco fue lo único.
Meses atrás, la otrora aplanadora del Gobierno del Cambio, soportada en los votos de los partidos de la coalición y bajo la batuta de los entonces ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y del Interior, Alfonso Prada, sacó adelante la reforma tributaria, el Presupuesto General de la Nación, el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de la paz total. Ciertamente, el fondo de los proyectos cuenta y mucho.
Pese a la fuerte alianza parlamentaria que el progresismo edificó tras obtener hace un año la victoria en las urnas por méritos propios, sin duda, pero también gracias a los votos de quienes se opusieron a que el inviable proyecto del ingeniero Rodolfo Hernández accediera al poder, no es posible decir que el trámite legislativo en estos 10 meses haya sido fácil.
A decir verdad, no tendría por qué. Al menos en un mundo ideal, el Congreso debe ser el escenario natural del juego democrático donde la interlocución permanente, el debate con altura y las negociaciones entre opuestos sean elementos que consolidan, con la solvencia que cabría esperar, los imprescindibles consensos sociales y políticos que sustentan las grandes transformaciones. Sin una actitud constructiva o dialogante costará cerrar acuerdos que aseguren avances estables. Así de simple.
La ruptura decidida y anunciada por el presidente Petro con los partidos tradicionales: La U, conservadores y liberales que cuestionaron el contenido de sus reformas sociales, en especial la de la salud, y plantearon cambios que no fueron acogidos según lo acordado, dinamitó los puentes del entendimiento que buena parte de la ciudadanía estimaban fundamentales para empujar la agenda legislativa. Sus gravosos efectos colaterales, al margen de la recomposición ministerial que reafirmó el brusco giro dado por el mandatario hacia su núcleo más duro o menos conciliador, son evidentes.
El Gobierno no solo acusa un notorio, además de preocupante desgaste político, consecuencia también de sus insólitas crisis, escándalos y del fuego cruzado entre exfuncionarios que deben rendir cuentas ante los órganos de control. También proyectos claves de su resorte directo quedaron con poco margen para subsistir, cuando no se hundieron por falta de trámite, como la ley de sometimiento, la de humanización carcelaria y la reforma laboral. Previsible. Queda claro que la extensa agenda legislativa propuesta al Congreso por el Ejecutivo lo desbordó.
No se entiende como algunas iniciativas consideradas como la columna vertebral del Gobierno se presentaron tarde, lo que dilató su discusión. En otros casos, el descomunal diferencial ideológico sesgó el debate, impidiendo que se acercaran posiciones de manera razonable. Sin interlocución directa con la dirigencia de las colectividades, el lentejismo indigestó a parlamentarios que en momentos decisivos mostraron inmadurez política, pero al final, poco o nada definieron. Con pena ajena el país ha asistido al más insólito despliegue de vicios, excusas y ‘jugaditas’ que nos recuerdan el porqué del desprestigio del Congreso.
De debate responsable más bien poco y la tensión podría aumentar todavía más cuando la inminente lógica de las elecciones regionales lo dificulte todo. Aún es tiempo de rectificar, aunque el presidente Petro insista en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
El estancamiento legislativo dejó claro que las transformaciones demandan consensos, acuerdos, negociaciones para superar los inamovibles que han llevado al Gobierno a tropezar varias veces con la misma piedra. Miles de personas le midieron el aceite en las calles: escuchar el ruido del malestar social es prioritario, también lo es recomponer las mayorías en el Congreso.
