Con solo 58 años de historia como departamento constituido, La Guajira ha padecido los embates de la desidia y el olvido como si llevara siglos existiendo jurídicamente. La península ubicada en el extremo de la región Caribe comprende un inhóspito territorio de 20.848 kilómetros cuadrados repartidos en 15 municipios llenos de riquezas naturales, minerales y energéticas y de exóticos paisajes turísticos. Pero también está plagado de problemas que opacan y distraen el foco de toda la riqueza étnica y cultural que debería ser el sello distintivo de este territorio.
Por el contrario, el hambre, la pobreza, la falta de agua, la muerte de niños por causas asociadas a la desnutrición, las masacres, los grupos armados ilegales, la corrupción y el desgobierno, solo por mencionar una parte de la larga lista de padecimientos que afrontan cada día el millón de personas que habitan en este departamento, son la tarjeta de presentación o al menos las razones que ponen en la discusión pública a uno de los departamentos más pobres del país y con más necesidades básicas insatisfechas.
La Guajira es un territorio con unas complejidades que implican una atención gubernamental particular, pues el 51 por ciento de su población vive en zonas rurales muy apartadas y con unas condiciones climáticas severas. Además, el 51,69 % de la población guajira es étnica, y de esta el 44,82 % son indígenas, con unas costumbres propias de su idiosincrasia que es imprescindible tener en cuenta para entablar una relación de confianza y gobernabilidad con ellos.
Partiendo de esa base, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, en su mayoría de la etnia wayuu, esperan que la visita del presidente Gustavo Petro y su gobierno, que despachará durante esta semana desde este departamento costeño, no sea solo un registro para las fotos y los protocolos, como advirtió la ONG Nación Wayuu, pues son pocos los créditos, o prácticamente ninguno, los que le quedan al Estado colombiano frente a ellos.
Sin un alcalde en propiedad en su capital Riohacha, pues el elegido en el último periodo está suspendido por la Procuraduría por un contrato aparentemente irregular, y con un vaivén de gobernadores desde el 2013 – por lo menos 15–, cuando capturaron a Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, la gobernabilidad y la estabilidad administrativa es una de las grandes carencias de La Guajira.
Por cuenta de este desbarajuste institucional el desarrollo no ha logrado llegar a un territorio en el que miles de millones de pesos se han despilfarrado por cuenta de la corrupción. A los guajiros no solo les han robado sus presupuestos, les han robado la posibilidad de tener condiciones dignas de vida, y las principales víctimas han sido los niños indígenas. Por lo menos 34 menores han muerto este año por causas asociadas a la desnutrición.
Duele en el alma cada vez que en los contenidos de esta casa editorial debemos registrar la muerte de un menor por la falta de alimentos. Duele ver la pobreza en la que está sumido un departamento convocado, por las regalías que ha recibido históricamente, a ser un referente de inversión para su gente.
Desde 2017, la Corte Constitucional llamó la atención del país y de las autoridades al declarar el Estado Inconstitucional de Cosas en La Guajira y emitió 210 órdenes para que 25 instituciones trabajen por la protección de los derechos del pueblo wayuu al agua, la alimentación y la salud, entre otros. Un informe de Dejusticia de 2022 resalta que no se ha logrado el objetivo, pues la mortalidad infantil por causas asociadas a la nutrición (34 casos por cada mil niños) “hoy es siete veces mayor al promedio nacional (4,6 por cada mil niños)” y el plan de acción de las instituciones vinculadas no se ha ejecutado. Así que la mano del Estado sigue sin hacerse sentir en el territorio guajiro.
Este gobierno ha anunciado que declarará la emergencia económica y social para atender la crisis en la península y cumplirá una agenda de presencia y anuncios esta semana. En verdad que el país entero desea y espera que finalmente se abra el camino para que los guajiros, especialmente las comunidades wayuu, puedan comenzar a sentir que tienen gobierno y que la inversión se traduzca en seguridad alimentaria, agua y condiciones de vida digna en general. Es una deuda inaplazable del Estado, La Guajira no soporta más demagogia, necesita acciones reales e inmediatas.
