Agosto en junio para vendedores de raspao, abanicos y aires acondicionados de Barranquilla y de otras ciudades del Caribe colombiano, absolutamente complacidos por el aumento de sus ventas, consecuencia directa de la insufrible ola de calor –con temperaturas de más de 40 grados centígrados– que ha azotado a la región. Hacen parte de un selecto grupo que roza lo más parecido a un irónico estado de bienestar climático: ellos gozan, mientras las temperaturas ascienden a un ritmo casi infernal. No es el único indicador que escala. Hasta en un 40 % se ha incrementado el consumo de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira durante las últimas siete semanas: las más calurosas en lo que va corrido del año, por el momento, según el monitoreo de la empresa Air-e, que debe remitirse a 2016 para encontrar una variación similar.
Lo peor, sin duda, lo que ha ocurrido en junio, cuando la sensación térmica se ha situado 20 % por encima de la temperatura de confort humano. Lejos estamos de que se trate de una percepción subjetiva. Lo que hemos vivido en la Costa no tienenombre ni apellido. O bueno, sí lo tiene: es la cuota inicial del fenómeno de El Niño que sentiremos cada vez con más fuerza. En consecuencia, ¿alguien desde el alto Gobierno ha preparado el terreno o nos ha señalado cuál es la tabla de salvación a la que aferrarnos ahora que estamos a punto de inaugurar una nueva crisis energética dentro de la irresoluble catástrofe estructural en la que nos debatimos desde la nefasta época de Electricaribe –que no se olvide nunca– por cuenta de la indolencia de un Estado que en su momento fue incapaz de asegurar la prestación de un servicio digno y de calidad para los 11 millones de habitantes de nuestra región? Ni antes ni ahora hemos sido prioridad. Triste.
Como ningún otro territorio en Colombia, los departamentos del Caribe han sido castigados por la imposición de una opción tarifaria, una tormenta perfecta que nos ha exigido pagar por anticipado las obras de modernización del sistema y las pérdidas técnicas y no técnicas del sector, lo que ha disparado el valor de la factura de la energía a niveles que revientan toda lógica.
Pese a ser inequitativo, discriminatorio, una afrenta a la calidad de vida de la gente, en especial la de los más empobrecidos, a quienes les ha agudizado su precariedad socioeconómica, y un mazazo para la competitividad de empresas e industrias, la cuestión sigue sin encontrar solución. Pasan los días, se discuten propuestas para crear fondos, aumentar subsidios o ampliar plazos, pero nada de nada. En la adición presupuestal aprobada en las extras del Congreso, blanqueados para reducir las tarifas o resolver el hueco estimado en varios billones y, todavía peor, se redujeron en $45 mil millones los recursos para financiar los subsidios de energía y gas para estratos 1 y 2.
Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han sido capaces de dar con el chiste: ¿ineficacia, negligencia, ausencia de voluntad política, centralismo? Vaya uno a saber, pero no cabría descartar que fuera una suma de todo. También cabe un poco de inexperiencia e improvisación en el actual manejo del sector energía. Sí, seguramente no existe una única salida para solucionar una situación tan gravosa como antipática para el bolsillo de los costeños. Nos siguen tomando del pelo o metiendo en el mismo saco del resto del país, a pesar de que nuestras condiciones climáticas, por evidentes razones geográficas que derivan en un considerable consumo energético, son extremas. Mucho más en un escenario tan hostil como el que anticipa El Niño, sobre todo si es fuerte. Por mucho que seamos juiciosos en el ahorro, las tarifas de energía subirán. La ecuación es simple: a más demanda, se incrementan los costos, entre ellos los de la bolsa de energía y, por ende, también el valor de lo que pagamos por un servicio que se hace imprescindible en estos momentos.
Por más razones técnicas a las que acuda la ministra Vélez para justificar las alzas, la tensión social será inevitable. No solo la electricidad será más cara, los alimentos también remontarán, provocando en la gente una sensación de elemental indefensión. ¿Cómo se protegerá a los hogares más vulnerables del Caribe, los primeros que sentirán el desplome de su estabilidad? La previsible agudización de nuestra irresoluta crisis energética demanda respuestas urgentes del Gobierno nacional, al igual que de los actores del sector que mal harían en llegar tarde a una emergencia cantada. Que nadie se siga equivocando: esta debe ser una prioridad nacional.
