Sin seguridad jurídica o, lo que es lo mismo, sin instrumentos legales para avanzar en sus acercamientos con organizaciones armadas ilegales se quedaría el gobierno de Gustavo Petro si la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de la llamada ley de la paz total, la 2272 de 2022, por vicios de forma o de procedimiento. También los tendría de fondo. Escenario que abre una encrucijada del alma para una de las apuestas más ambiciosas del actual Ejecutivo que hizo de la cruzada de la paz anhelo indiscutible de los colombianos, una de sus promesas de campaña.

En dos semanas, los integrantes de la Sala Plena del alto tribunal iniciarán la discusión de la ponencia favorable del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, para determinar si la norma que prorroga la antigua Ley de Orden Público, la 418 de 1997, que a su vez modificó la 104 de 1993 y la 241 de 1995, viola “los principios de consecutividad”. Su demandante, el abogado Jorge Pava Quiceno, asegura que durante su trámite en el Congreso se presentaron recurrentes falencias, vacíos y omisiones que la podrían tumbar por completo, no solo algunos de sus artículos. Entre los asuntos más peliagudos es que violaría el principio del cumplimiento de buena fe del Acuerdo de Paz de 2016, que prohíbe negociar con desertores, además de amnistiarlos. Casi nada.

En el examen constitucional, la Corte también evaluará si el Legislativo incurrió en un vicio de trámite al no incorporar al debate –sería interesante establecer si fue de manera intencionada– el dictamen del Consejo de Política Criminal, considerado por algunos juristas como un requisito indispensable. Uno de los ‘padres’ de la ley, el representante a la Cámara Alirio Uribe, estima que no era obligatorio. Cosa distinta a lo que ha defendido la Procuraduría General. Para el Ministerio Público la omisión de este juicio, que calificó de “yerro”, no permitió una deliberación informada “sobre el impacto que tendrían las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal”.

No hace falta ser un erudito para comprender que el futuro de la crucial norma, columna vertebral de la actual política de paz, podría haber entrado a un callejón sin salida que pondría en riesgo la continuidad de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional o el inminente proceso de dialogo con el Estado Mayor Central de las Farc, de ‘Iván Mordisco’. En tanto, frenaría los acercamientos con las disidencias de la Segunda Marquetalia, de ‘Iván Márquez’, y les cerraría el paso a las aproximaciones exploratorias con el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otras estructuras del crimen transnacional. Muchos de sus delegados, tras el levantamiento de sus órdenes de captura, están a la espera de iniciar la fase de diálogos.

Semejante controversia sobre la inconstitucionalidad de la ley de la paz total o de varios de sus apartes se produce en un momento de horas bajas para la iniciativa en sí, que tiene otros desafíos pendientes. Cada uno más preocupante que el anterior por sus muchos impactos, buena parte de ellos humanitarios. Sin duda, el debate que convoca a la Corte Constitucional será clave porque decidirá el futuro del armazón normativo que otorga validez jurídica a la difícil búsqueda de una salida negociada a nuestro incombustible conflicto armado. Pero, de fondo lo que resulta urgente es que el Estado ofrezca garantías reales de seguridad a comunidades acosadas por la persistente violencia en los territorios donde miles de personas permanecen a merced de grupos criminales que asesinan, secuestran, extorsionan, desplazan, confinan, reclutan menores, ejercen violencia sexual, instalan minas y destruyen sus bienes. Oponerse a reconciliarnos no es coherente. Sin embargo, la paz total implementada de forma heterodoxa, por no decir caótica o precipitada, por el omnipresente comisionado Danilo Rueda reclama lo antes posible un nuevo enfoque centrado realmente en las víctimas de la desbordada violencia que a diario reparten los distintos actores armados ilegales y no en ellos, como hasta ahora ha sucedido. Comprensible el hartazgo que muchos acusan frente a la estrategia que sigue renqueando por sus grandes vacíos.

Para entender por dónde soplan los vientos de la inconformidad e intranquilidad de la gente, basta revisar el incremento de la criminalidad o la expansión de las estructuras ilegales. No en vano el 61 % de los ciudadanos estima que la política de paz va por mal camino. Ensimismado en su laberinto, deshojando margaritas, cual narciso, el Gobierno no debería desestimar el clamor de seguridad de los ciudadanos, los que lo votaron y los que no lo hicieron, de las autoridades regionales y de muchos otros sectores. Sobre todo, en relación con los términos en los que se renovarían los cuestionados ceses del fuego. No sea que la cuerda tensada al máximo se rompa.