Al buen entendedor, pocas palabras. O mejor aún, las adecuadas. Enhorabuena la ministra de Educación, Aurora Vergara, confirmó su talante conciliador al anunciar que no radicará el articulado de la reforma integral a la Ley 30 de 1992 este 20 de julio, en el inicio de la legislatura.

Su acertada decisión permitirá, por un lado, enriquecer el documento base que se puede consultar ya en la página web del ministerio. Pero también es, por otro, una apuesta que fortalece confianza con los actores del sistema –organizaciones estudiantiles, profesorales, sindicales, rectores y directivos– que le habían solicitado más tiempo para construir de manera colectiva el texto final a ser debatido en el Congreso, que está convertido por cierto en un pandemónium.

Del afán no queda sino el cansancio, como se constató en el accidentado tránsito de la reforma a la salud, de la fallida reforma laboral y de otras iniciativas del Gobierno del Cambio que naufragaron en el periodo pasado. El que mucho abarca, poco aprieta debería ser a estas alturas una lección aprendida para el Ejecutivo que no supo priorizar y al que le costará mucho diálogo, otros dirían mermelada, tramitar y, en lo posible, sacar adelante sus proyectos.

Tanto los que vienen colgados y los que anuncia para este segundo año del actual Congreso en el que se topará con parlamentarios más enfocados en las campañas de las elecciones regionales, en las que se juegan su poder territorial, que interesados en aprobar las propuestas legislativas que validen los cambios estructurales señalados por el jefe de Estado, que hoy lo instalará por primera vez.

No será una legislatura fácil para el Gobierno, por supuesto que no. A punto de ajustar su primer año en el poder, al Ejecutivo se le amontonan los deberes, los escándalos y los cuestionamientos que han terminado por pasarle factura, como la impostergable salida de la ministra de Minas, Irene Vélez. Petro no contará ahora con un hábil componedor de reconocido olfato político, como el otrora presidente del Congreso, Roy Barreras, ni con una imbatible coalición con los partidos políticos tradicionales que le funcionó como una aplanadora en los primeros meses de su gestión.

Pese a que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, o el senador Alexander López, quien reemplazó por pocos días a Roy, habían anunciado la búsqueda de espacios de diálogo durante el receso legislativo para reconstruir consensos, los avances son escasos, por no decir nulos.

A ojo de buen cubero, valdría precisar que si los alfiles del Pacto Histórico no se mueven con rapidez en el Congreso para asegurar unidad, sus proyectos podrían encajar nuevas derrotas. Todavía más si se concreta la propuesta hecha, aquí en Barranquilla, por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, de montar un bloque parlamentario de oposición con el liberalismo, los conservadores, La U y el Centro Democrático que impida el trámite de las reformas sociales.

¿Qué tanto el Gobierno está dispuesto a concederle a los partidos o a los congresistas a título individual para conseguir victorias tempranas en el Congreso? ¿Habrá para todos en el caso de negociar respaldos voto a voto para sus iniciativas legislativas e incluso para sus fichas que aspiran a alcaldías y gobernaciones en los comicios regionales de octubre?

Dicen que el buen ejemplo empieza por casa. La ministra Vergara es muestra de ello. Antes de someterse a agrias disputas, de lanzarse a improvisar o de tratar de imponer modelos en el deliberante sector de la educación superior, lo cual habría sido un error garrafal, apuesta por conciliar de forma genuina, sin renunciar a cumplir los objetivos de la agenda del cambio, en este caso tomando como punto de partida que la educación sea un derecho y no un servicio.

Sin presiones ni chantajes, ha llegado la hora de destapar sus cartas, tanto para el Gobierno como para el Congreso, que pese a sus legítimas diferencias, por el bien del país, deberían estar obligados a entenderse.