Las reveladoras declaraciones de Nicolás Petro a la Fiscalía sobre el ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 nos muestran una realidad que tiene más que ver con un descomunal caso de corrupción política que con el enfrentamiento entre padre e hijo, como algunos tratan de hacer creer a la opinión pública.

Es cierto que la relación entre el jefe de Estado y su primogénito se encuentra rota, como lo demostró la decisión del exdiputado del Atlántico de convertirse en el ventilador de este monumental escándalo o la de no recibir en su sitio de reclusión, en el búnker de la Fiscalía, a quien en su momento intentó diluir cualquier vinculación en tan vergonzoso capítulo, señalando que él no lo había criado.

Nadie debería sentirse validado, ni siquiera por la extrema gravedad de estos reprochables hechos, para juzgar los vericuetos de un asunto que hace parte de la esfera más íntima de la familia presidencial. El calor no está en las sábanas.

No perdamos el verdadero foco de esta desasosegante situación de alcance político y penal que imposibilita hacer previsiones en el corto o mediano plazo sobre una suerte de crisis en curso, por un lado de gobernabilidad y, por otro, de legitimidad que se abaten sobre el Ejecutivo, que tendrá que dedicar, en cabeza del propio mandatario, tiempo y energía en la disputa jurídica que se ‘cocina’ en la Comisión de Acusaciones.

Casi 30 años después, a manera de déjà vu, el país se encamina a reeditar el momento de desequilibrio institucional del Proceso 8.000, durante el mandato de Ernesto Samper Pizano. Lejos de comparar las dos épocas, distintas en sí mismas, sí resulta previsible señalar que los impactos de la actual tormenta ralentizarán o afectarán de diferentes maneras la marcha del Gobierno, que llega a su primer año con evidentes signos de agotamiento, cuestionado por sus escasas ejecutorias en los territorios y con demasiados frentes abiertos, tanto en el Congreso, donde su agenda de transformación social continúa en suspenso, como en las regiones por el deterioro de la seguridad urbana y rural derivadas de las paradojas de la política de la paz total.

La trama de ilegalidad develada por el hijo del jefe del Estado, de manera libre y fuera de toda presión como él aclaró, luego de las dudas vertidas por su padre, recolocan al país entero, a sus actores políticos, económicos, sociales y, en especial, a la ciudadanía, en una circunstancia excepcional de zozobra, incertidumbre, y, cómo no, decepción.

En particular, las revelaciones de Nicolás y Day ofrecen una perspectiva penosa de los movimientos subrepticios e ilegales que se dieron en el Atlántico, donde aparecen en la primera línea del roscograma de los mencionados en los chats revelados por la Fiscalía Euclides Torres, cabeza del clan Torres, Máximo Noriega, Pedro Flórez o Armando Benedetti. También se divulgó un chat entre Alejandro Char y Day Vásquez, pero el ente acusador no ofreció más detalles.

Olvidamos rápido, sin duda, pero cuesta creer que tras el lamentable episodio de corrupción de la Casa Blanca, la lección no se aprendió.

Ninguna conspiración podría explicar semejante debacle de la moralidad, la ética o la decencia, como ahora intentan excusar los incondicionales del Gobierno del Cambio que, a decir verdad, ya no lo parece tanto.

En Colombia, el ascenso al poder nunca es todo lo transparente e íntegro que demandan los votantes cuando otorgan su confianza en las urnas, tanto así que la corrupción se ha erigido en una de las piedras angulares de nuestro sistema político. Quien enarbola esa lucha como una de sus principales banderas para luego tener que admitir ante la tozudez de las pruebas que recibió dinero de dudosa procedencia, con el que se enriqueció de forma ilegal e insufló las arcas de la campaña, violando además las normas de financiación, no tiene cómo autoindultarse.

Nicolás puso las cartas sobre la mesa. Su círculo de familiares, amigos y los dirigentes políticos de la Colombia Humana y del Pacto Histórico en el Atlántico, e incluso en el nivel central, ya no pueden mirar hacia otro lado. El sistema de justicia tiene mucho qué hacer.

No se entiende bien cómo la campaña, tras un llamado del entonces candidato para extremar controles que redujeran riesgos de ingreso de dinero ilegal no vio o no quiso ver el elefante que se les metía al rancho. ¿Acaso lo que suma para uno, no suma para todos? Privilegios espurios.

Esta debería ser una ocasión de balances. Hace un año, en un acto colmado de simbolismos, se posesionaba el primer presidente de izquierda de la historia que renovaba la esperanza de los que celebraban la promesa de valor de un país encarrilado a transformaciones sociales, unido, en paz, con equilibrios y consensos. No ha sido así.

Lo que tenemos es a un presidente a la defensiva, que se anticipa al tortuoso camino que le espera, nombrando un defensor y resolviendo, fiel a su manera de entender el poder, que es al pueblo al único que debe responderle.

Inmersos en una vorágine más compleja que la de un año atrás, sin demonizar aún más a quienes ya viven su propio infierno por cuenta propia, los ciudadanos exigimos conocer toda la verdad, con absolutas garantías y pruebas fehacientes. ¡Vaya vueltas que da la vida!