Que las Fuerzas Militares y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se enzarcen en una escalada de acusaciones mutuas sobre supuestas violaciones del cese al fuego bilateral iniciado hace una semana era más que predecible. Era ingenuo creer que a la menor infracción estos actores armados inmersos en un histórico conflicto evitarían señalarse públicamente, aunque con ello pusieran en riesgo el frágil acuerdo entre Gobierno y guerrilla para suspender acciones ofensivas. Determinación recibida con ilusión en territorios que reclaman alivios humanitarios con urgencia.
Por más voluntad de diálogo de las partes, la cual aún está por verse, estamos abocados a situaciones de riesgo que responden a la insaciable dinámica confrontacional asentada inexorablemente en el país. Nada distinto a lo ocurrido en el pasado con esta guerrilla, con las Farc u otras estructuras armadas ilegales, en procesos similares. Si esta guerra tan exageradamente prolongada como dañina no existiera, no tendríamos que esforzarnos tanto para encontrarle una solución negociada y, claro, viable. Pero como en Colombia la paz se construye en terreno minado es imprescindible contar con una instancia confiable que tramite las imponderables querellas. En este caso, la crucial labor le corresponde al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), integrado entre otros por las Naciones Unidas.
Pues bien, su primera gran prueba de fuego llegó. La denuncia, bastante grave, de la Fiscalía General de la Nación sobre un presunto plan del Eln para asesinar a su cabeza, Francisco Barbosa, exige su intervención inmediata y a fondo. Usando canales públicos, el ente acusador reveló que tres fuentes distintas le suministraron datos creíbles sobre una reunión clave de cinco altos mandos de la guerrilla en Venezuela, donde se entrenarían los francotiradores para ejecutar la operación que habría supuesto transacciones por $3 mil millones en cuentas de allegados de alias el Rolo, señalado como el coordinador del atentado, en curso desde julio, previo al inicio del cese.
También a través de redes sociales, la delegación de paz de la guerrilla se apresuró a calificar la noticia como “falsa”, no sin antes acusar a Barbosa de intentar “sabotear” los diálogos. Difícil encontrar en el arranque de esta incipiente negociación una circunstancia más delicada que esta, a tenor de las reacciones de desconcierto, estupor e, incluso escepticismo que ha causado en la ciudadanía, sectores políticos, sociales y en representantes del Gobierno que pidieron llegar a la verdad de la denuncia, que dice el canciller Leyva sería “una bomba contra el proceso con los elenos”. De hecho, la hipótesis de una conspiración de los enemigos de la paz es una de las líneas investigativas que baraja el ministro de Defensa. La otra es que sean, efectivamente, integrantes del Eln los que habrían ordenado matar al fiscal general.
Sea como sea, en este momento, garantizar su protección y seguridad debe ser máxima prioridad para el Estado colombiano. Sería impensable que una de las figuras más críticas del actual Gobierno, adicionalmente una de las más relevantes de la Rama Judicial, fuera víctima de un atentado criminal que él mismo denunció. No debería el Ejecutivo ceder ante la tentación de no considerar la validez de semejante señalamiento. Por desgracia, como ha demostrado a lo largo de su historial terrorista, el Eln casi nunca pierde oportunidades para equivocarse ni para eludir sus responsabilidades. Algunas similitudes entre la información recabada por la Fiscalía y el ataque contra la Escuela General Santander, en el que murieron 22 cadetes, despiertan serias inquietudes que tendrían que ser esclarecidas por las autoridades lo antes posible, aportando pruebas, además. Es la legitimidad de la negociación la que ha quedado en entredicho.
Si es una facción del Eln la que orquesta esta trama criminal, ¿es realista esperar unidad en la mesa de diálogo para honrar los acuerdos alcanzados? La credibilidad del cese no es lo único que está en juego. Tanto Gobierno como guerrilla deberían ser conscientes que sin respaldo ni confianza ciudadana, cualquier solución política se invalida o queda en el aire, lo que daría pie a más violencia. Actuar con cabeza fría, cautela, pero sobre todo firmeza, será fundamental si las partes quieren avanzar de manera realista. Que la comunidad internacional tome atenta nota.
