El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio hunde a Ecuador en una de las peores crisis políticas de su historia. Y que conste que ha tenido muchas. En la cuenta regresiva de las elecciones anticipadas que se celebrarán, invariablemente, el próximo 20 de agosto, este repudiable hecho revelador de una extrema violencia política, perpetrado para nuestro absoluto descrédito de país exportador de mercenarios por sicarios colombianos pagados presumiblemente por mafias del narcotráfico, se convierte en el último eslabón de una extensa cadena de gravísimos sucesos de inseguridad que han alterado por completo la estabilidad democrática de esta nación, fragmentada además por una intensa confrontación partidista.

Por más esfuerzos de sus autoridades e instituciones, bastante frágiles por cierto, Ecuador no logra salir del estado de excepción en el que ha caído desde hace tiempo por situaciones tan alarmantes, como lo son los recientes crímenes del alcalde de Manta y de un aspirante a la Asamblea Nacional, los ataques contra participantes en la contienda electoral, la imparable racha de secuestros y, cómo no, los habituales motines en sus centros carcelarios que acumulan un escalofriante reguero de muertos. Sus ciudadanos sacudidos por el miedo, la desesperación y la desconfianza intentan encajar ahora un magnicidio, el nuevo zarpazo del narcotráfico que con su brutal accionar criminal revalida la nefasta injerencia que ha alcanzado en sus vidas. Sabemos lo que se siente. Cualquier parecido con la Colombia de los 90 es pura coincidencia.

Villavicencio, candidato del Movimiento Construye, había denunciado amenazas de muerte de la estructura delincuencial Los Choneros, al servicio del Cartel de Sinaloa, que se disputa con otras poderosas mafias transnacionales, algunas de origen colombiano, el control del territorio y el de las rentas ilegales. Acostumbrado a dar peleas imposibles, este reputado periodista de 59 años, aseguraba que no le temía a los violentos. Lo señalaba de manera insistente en todas sus declaraciones públicas, tanto que lo incorporó como su lema de campaña: Es tiempo de valientes.

De hecho, sus más relevantes propuestas electorales apuntaban a implementar estrategias de mano dura para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, en particular la estatal que según él secuestró al país. Sus investigaciones sobre sobornos en contratos petroleros en Petroecuador durante el Gobierno de Rafael Correa lo visibilizaron como un activista político. También lo pusieron en la mira del otrora mandatario que lo etiquetó como su enemigo. La condena en 2020 a 8 años de prisión impuesta al exmandatario por el caso "Sobornos 2012-2016", que él destapó, finalmente le dio la razón, pero sin duda recrudeció su mutua hostilidad.

El magnicidio del aspirante presidencial no solo debilita la democracia en su país, lo cual debe ser motivo de enorme preocupación para todo nuestro vecindario permeado en mayor o menor medida por los mismos fenómenos criminales que devoran a Ecuador. También vuelve a poner el foco en situaciones de gran complejidad que él había advertido en su momento. Tendría que ser una cuestión de honor tramitarlas o darles respuesta cuanto antes. Como integrante de la Asamblea Nacional, así llaman en Ecuador al Congreso, Villavicencio lideró la Comisión de Fiscalización que reveló en 2022 supuestos vínculos de Rafael Correa con Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, su socio Álvaro Pulido y Piedad Córdoba, a quienes señaló de ser parte de un entramado de corrupción que habría blanqueado miles de millones de dólares. Y hace tan solo unos días, le había pedido a la Fiscalía ecuatoriana que investigara a la aspirante por el correísmo al Congreso, Raisa Vulgarin, pareja de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, ambos mencionados en el proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente.

Son horas críticas para Ecuador. El asesinato de Villavicencio confirma una vez más el alcance del poder corruptor del narcotráfico que se vale de todas las formas posibles de violencia para sacar del camino a los fustigadores de sus aliados, las mafias políticas. El saliente Gobierno de Guillermo Lasso encara una doble tarea: blindar el proceso electoral ante la amenaza del crimen organizado y liderar de la mano de la justicia el esclarecimiento del magnicidio del hombre que como Luis Carlos Galán se negó a dar un paso atrás, pese a estar sentenciado de muerte.