Lo peor que puede hacer el presidente Petro es no asumir con sentido autocrítico que el desempeño de sus ministros, viceministros y directores deja mucho que desear. Los discretos resultados de la ejecución presupuestal, indiscutiblemente rezagada a esta altura del año, con $80 billones guardados en bancos, son señales inequívocas de una situación que parecía cantada.

Aunque las cifras varían de acuerdo con quien las entrega, congresistas señalan que la ejecución es de 37,4 %, mientras que el Ejecutivo la sitúa en 47,4 %, al revisar los escasos promedios de las carteras, que son un reflejo de sus resultados, queda claro que falta liderazgo, experiencia y capacidad de gestión de sus cabezas visibles y del resto de sus equipos, que no están siendo todo lo efectivos en el cumplimiento de sus propósitos ni en el seguimiento oportuno de sus avances.

Los retrasos en ejecución, advertidos casi siempre desde las regiones, donde los proyectos más esperados no terminan de concretarse ni tampoco se resuelven los que se encuentran estancados, tienen también su origen en una marcada desarticulación del capitán del barco, el jefe de Estado, con sus ministros. Se hablan, de eso no tenemos dudas, ¿pero se entienden? En términos de coordinación, comunicación e intercambio de opiniones para trazar la imprescindible hoja de ruta que dé viabilidad al Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuál es el modelo gerencial que han implementado para medir, evaluar y ejercer control de sus ejecutorias?

La estrategia de mostrarse siempre listo a un exabrupto y a una polémica, que le proporciona al presidente Petro tantos réditos efectistas con sus huestes a través del primer twitter de la nación, no se traduce como por arte de magia en progresos reales en la ejecución presupuestal.

Los alquimistas de la Casa de Nariño deberían ya saber que una cosa es ejercer oposición, como estaban acostumbrados a hacer, y otra, bien distinta, gobernar o, lo que es lo mismo, ejecutar para mostrar resultados. Hasta ahora no los están consiguiendo. No, al menos, al ritmo deseado.

No extraña que en el listado de los ministerios más rezagados aparezcan Deporte, Agricultura y Transporte. Estas carteras renovaron sus titulares en alguna de las crisis de gabinete registradas durante el último año, de modo que resulta lógico señalar que esta inestabilidad les ha impedido afianzar su curva de aprendizaje.

Lo que no deja de ser singular es que dos de los ministerios dirigidos desde el inicio del Gobierno por figuras de las entrañas del constructo petrista, los de Trabajo y Ambiente, también acusen un retraso importante en la ejecución de su presupuesto. ¿En qué han enredado sus prioridades las señoras ministras, se equivocan en su manera de liderar o les ha quedado grande dar respuesta a las necesidades expuestas por las comunidades?

No se trata de poner el dedo en la llaga sino de que se entienda que el riesgo de no ejecutar los recursos públicos aprobados en el Presupuesto General de la Nación trae consigo unas líneas rojas innegables. Lo ha reconocido así el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que ahora se estrena como un antagonista de la institucionalidad que él representa tras responderle con una piedra en la mano al registrador y a los gobernadores del país que lo convocan a hacer su trabajo por la desbordada crisis de seguridad en los territorios.

Si los ministerios no son capaces de ejecutar lo que les ha sido asignado en la actual vigencia, ¿con qué cara van a pedirle al Congreso de la República que les apruebe más plata en el presupuesto del año entrante?

El ultimátum con exigencia de renuncias dado por el presidente Petro a sus ministros para que incrementen la ejecución presupuestal, como fórmula para jalonar crecimiento económico, suena sensato. En un duro momento de vacas flacas, en el que sectores claves como el comercio, la industria, la construcción y el agro muestran números rojos, urge un plan de choque anticíclico entre el sector público y privado para evitar que el país desbarranque hacia un horizonte de recesión económica. Esta ambición legítima del mandatario demandará menos discursos a la defensiva, más acción conjunta y, sobre todo, la aceptación de la duda de que su método fracasó.