Cada vez que se habla del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica y que permeó a 12 países y sus gobiernos salta la palabra tentáculos para referirse a todas las esferas que la gigantesca multinacional brasileña Odebrecht tocó con sus sobornos y sus negocios obtenidos de forma ilegal.

En el caso de la firma que se estima le quedó debiendo a Colombia una suma de 449.000 millones de pesos habría que asociarlo con el primitivo nautilo, un fósil sobreviviente que posee entre 60 y un centenar de tentáculos según la especie.

Odebrecht alcanzó a expandir de tal manera por todos los países latinoamericanos su poder corruptor que parecen infinitos los tentáculos con los que sobornó funcionarios gubernamentales, congresistas, lobistas, contratistas y particulares.

A todo nivel la compañía logró mediante su Departamento de Operaciones Estructuradas invertir en millonarios sobornos para conseguir los megacontratos en el continente. Por supuesto Colombia, un país resignado por la corrupción, no fue la excepción.

Entre 2009 y 2016 Odebrecht hizo y deshizo en el país, pero no lo hizo sola. Mucho se demoró la justicia colombiana para avanzar en las investigaciones y más para castigar a los responsables de abrirles las puertas al distribuidor de sobornos al por mayor en el que se convirtió el conglomerado de construcción carioca.

Desde siempre causó escozor y prevención en el país que quien estuviera al frente de esta investigación fuera el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien había sido asesor jurídico del grupo Aval, socio de Odebrecht y que en los últimos días aceptó finalmente la responsabilidad por la conducta de uno de sus ejecutivos en el pago de sobornos por la Ruta del Sol II y por ello su filial Corficolombiana recibió una multa de 60 millones de dólares por la Comisión de Valores de los Estados Unidos.

La firma de acuerdos para colaborar con la justicia estadounidense solo hará que no haya imputación de cargos en ese país contra el conglomerado financiero colombiano, pero abre muchos más interrogantes sobre quienes más estuvieron involucrados como los cerebros de todo este escándalo de corrupción.

Aún no se conoce quién es el “Colombian Official 3” que se menciona en el documento de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, que fue un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos que recibió 3,4 millones de dólares por la adición del contrato Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2, de los 23 millones de dólares que Corficolombiana –dice el documento de la SEC– ofreció y pagó entre 2012 y 2015 a altos funcionarios del entonces Gobierno colombiano.

A pocos meses de terminar su período al frente de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa anunció el pasado jueves al menos más de medio centenar de nuevas imputaciones en el marco del caso Odebrecht, entre ellas a exfuncionarios de la ANI, contratistas, lobistas y directivos de la multinacional.

Para llegar a este punto se creó el Grupo de Tareas Especiales, liderado por el coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, para poder unificar las investigaciones repartidas en varios despachos del ente investigador

Jaimes ha dicho que no puede afirmar pero tampoco negar que el expresidente Juan Manuel Santos sea el “Colombian Official 3” del que habla la justicia estadounidense. Lo que sí ha asegurado es que con contratos ficticios Odebrecht metió plata a sus campañas de 2010 y 2014, al igual que a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

Con 93 solicitudes de imputación, 20 imputaciones, 17 acusaciones, 4 negociaciones con principio de oportunidad y 11 condenas pareciera que se ha avanzado enormemente en la búsqueda de la verdad sobre todo el entramado de corrupción que ha enredado al país en los últimos 8 años; sin embargo, todo indica que estamos lejos de saber dónde más y quienes diseñaron en toda la arquitectura de esta empresa criminal de sobornos y dádivas que le significaron al Estado colombiano daños por más de 514 mil millones de pesos, de los cuales solo se han podido recuperar $19 mil millones, según el reporte de la Fiscalía.