El Gobierno nos pone a hablar ahora de una Ley de Reconciliación, mientras la creciente violencia de estructuras criminales arrincona a habitantes de extensas zonas del país, a pocas semanas de las elecciones regionales.

Tratando de enmendar su extravío de reiterativas ausencias, retrasos e incumplimientos, el presidente Gustavo Petro se saca de la chistera esta iniciativa controversial en sí misma, aunque esperanzadora para los más crédulos, con la que estaría apostando por darle un nuevo rumbo a su difusa estrategia de paz total que sigue sin hacer match con la política de seguridad territorial implementada por su Ministerio de Defensa.

Aunque más bien habría que valorarla en su real dimensión, como lo que hasta ahora ha demostrado ser: un conjunto de acciones inconexas que está lejos de dar los resultados deseados por las comunidades que no ven mejoras significativas ni alivios humanitarios en sus condiciones de seguridad. Más bien todo lo contrario, en la medida en que se acercan los comicios de octubre, la situación parece empeorar por las amenazas y ataques de los grupos armados ilegales.

Como corresponde a su misión institucional, la Defensoría del Pueblo emite la Alerta Temprana 030 de 2023, en la que advierte riesgo extremo por ocurrencia de hechos violentos en 133 municipios con ocasión de las elecciones. En total, son 676 en los que el organismo identificó, tras una ponderada evaluación, presencia, tránsito e injerencia de organizaciones al margen de la ley, que podrían afectar el certamen electoral.

Con dosis de realidad ajustadas a las evidencias que hablan de un aumento de casi 40 % de territorios en riesgo, si se compara con lo que sucedía cuatro años atrás, el defensor Carlos Camargo hace lo correcto: convoca a las instituciones a trabajar en equipo, para mejorar sus respuestas preventivas, como no podría ser de otra manera.

Aunque no sorprende, la destemplada reacción del presidente que a través del primer twitter de la nación relativizó el alcance de la alerta de la Defensoría, señalando que no son “300 municipios en riesgo”, sino 17, resulta desafortunada en un contexto de tanta criticidad por el inaceptable desafío que nos imponen los violentos. Seguramente el jefe de Estado tendrá sus propios análisis elaborados, como no, por los ministerios de Defensa o del Interior, que valdría la pena los contrastaran con la información que manejan los alcaldes y gobernadores. Esos con los que escasamente se dialoga, según lo que estos últimos señalan, y quienes son los que deben sortear a diario las arremetidas de estructuras criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Tanto la Defensoría como la Fundación Ideas para la Paz (FIP) coinciden en que estas organizaciones multicrimen, en el último año, no han hecho otra cosa que fortalecerse, expandiendo su control territorial, social y de economías ilícitas. Prueba de ello es el aumento de secuestros, extorsiones y confrontaciones mutuas por poder, en tanto sus ataques contra soldados y policías se redujeron, al igual que los combates y bombardeos de la Fuerza Pública en su contra para privilegiar el diálogo, prioridad del Ejecutivo. Exceptuando al Eln, con el que existe una negociación, la vorágine en la que se mueven las demás estructuras en plena reconfiguración criminal se revela en extremo compleja, así que la alerta de la defensoría tiene todo el sentido. Merece ser analizada con actitud constructiva por el bien común, lo antes posible.

Cuando más firmeza, unidad y garantías de protección reclaman candidatos y habitantes de zonas inmersas en recurrentes episodios de violencia, el negacionismo de izquierda del mandatario que a ratos lo conduce a un radicalismo ciego e insensato, no puede ser la respuesta. Desestimar a la Defensoría, a otras instituciones o insistir en confrontaciones estériles para alentar la retórica de la polarización, en nada contribuye a garantizar la seguridad nacional. Se compromete el jefe de Estado a que habrá elecciones en todo el país, bien, nadie estima algo distinto.

Retroceder a las nefastas épocas en las que los armados ilegales paralizaban regiones enteras a punta de plomo y miedo durante los comicios sería catastrófico para una nación a la que le esperan intensos debates en torno a cómo construir entre todos el camino para reconciliamos con narcos, delincuentes y quienes hoy intentan someter al Estado de derecho.