Ante la crisis estructural del actual modelo de salud, tanto al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo como a los representantes de las tres EPS que alzaron la mano por sus dificultades financieras les asiste la razón. Es cierto que el Gobierno nacional le está pagando a estas entidades con recursos del presupuesto del sector, que es de casi $51 billones. Pero también lo es que a Sanitas, Sura y Compensar les resulta cada vez más difícil prestar servicios por sus problemas que distan de ser tormentas en un vaso de agua. Circunstancias complejas compartidas, además, por las otras aseguradoras del régimen contributivo agremiadas en ACEMI, que se sumaron al reclamo inicial.

En el meollo del asunto aparece la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que no es otra cosa que lo que le gira el Estado por anticipado a las EPS por la atención que prestan a cada paciente afiliado. Aseguran las promotoras que ese monto recalculado anualmente con valores atrasados de al menos dos años –así lo denuncian–, les es insuficiente para cubrir el gasto en salud, sobre todo tras la pandemia. Se justifican precisando, por un lado, que ha aumentado el número de pacientes con enfermedades de alto costo, algunas de ellas derivadas del covid persistente y, por otro, que somos un país que envejece, con gente que vive más tiempo por el incremento en la esperanza de vida. Su atención, como la de los niños, demanda mucho más recursos. Razonable.

Como si fuera poco, las deudas heredadas de la pandemia, no solventadas por el anterior Ejecutivo, también han agrandado el hueco de un sistema desfinanciado per se. De modo que la dimensión de la actual crisis, tan inobjetable como demandante de soluciones, señalada por tres de las EPS más grandes del país confirma que la plata de la salud no alcanza para todos. No es culpa de Petro ni de la exministra Corcho, ni tampoco de su sucesor, el asunto viene de tiempo atrás. Pero, sí es responsabilidad de este Gobierno, y como tal debe asumirla, concertar con los actores del sistema la búsqueda de salidas que aseguren sostenibilidad financiera a largo plazo.

Lo peor que podría suceder en estos momentos es que más EPS quiebren o colapsen. Si las entidades prestadoras siguen reduciéndose, cuando se requiera trasladar afiliados, en especial a pacientes crónicos, se corre el riesgo de que a estos se les suspendan servicios o que los reciban con menor calidad. Seamos francos. No parece factible, como se apresuró a decir el ministro, que el Gobierno sea capaz de hacerse cargo de la salud de millones de personas, poniendo en marcha un plan de contingencia con clínicas y hospitales. Trasladar una crisis de un lado a otro no es solucionarla, si acaso aplazar su inevitable estallido. Conviene ser extremadamente cuidadosos.

Restar validez a lo señalado por las EPS o confrontarlas públicamente, como hizo en un primer momento Jaramillo, al igual que meter presión pronosticando una cesación de operaciones, en el caso de las prestadoras, no son mensajes sensatos que aporten al diálogo constructivo, más racional que emotivo que necesita un sector tan sensible, del que depende la vida de millones de personas. Partiendo de la premisa que su atención resulta más costosa que el monto pagado por el Estado, que tampoco tiene cómo responder por todo, parece lógico buscar nuevas fuentes de financiación, sumar más afiliados al régimen contributivo o aumentar el valor de los aportes. En vez de mostrarse los dientes, se precisa de trabajo en equipo para mejorar el sistema, ajustar presupuestos y sanear las deudas, pero en ningún caso se debe apostar por acabarlo o estatizarlo. Eso solo aceleraría la pérdida de confianza de los usuarios que evidencian deterioro de servicios.

Un sistema de calidad con niveles de atención, promoción y prevención en salud, como propone el Gobierno en su reforma, al menos en el papel, necesita cuantiosos recursos que demandan un manejo transparente con criterios de eficiencia para que sean rentables. Desviar la plata de la salud para favorecer negocios particulares es un delito. Infaustas experiencias lo demostraron. Así que insistir en falsos dilemas sobre el sector o incurrir en falacias populistas con intenciones politizadas para marchitar lo construido es un riesgo que nadie debería permitirse, so pena de agravar una crisis que sin concertación podría desencadenar un caos sin precedentes. En procura de salud digna para todos, llamamos a un diálogo respetuoso, ausente de confrontaciones, odio o resentimientos. No sé ustedes, pero muchos empezamos a estar cansados de que el futuro sea una incógnita.