El episodio de la fallida licitación de pasaportes otorgada, finalmente, a dedo al único oferente que se mantuvo participando en este concurso público, supuestamente viciado, situación por la que se había declarado desierto el proceso, demuestra cierto grado de improvisación de la Cancillería. Este es un asunto de gran calado por sus cuantiosas implicaciones, en la que todos fuimos testigos de que se viró, aparentemente, hacia adelante para volver a un mismo punto.

In extremis, ante el vencimiento del contrato vigente el 2 de octubre, lo que despertó ansiedad, casi alarma, entre la ciudadanía, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por orden de su titular, Álvaro Leyva, contrató directamente, mediante la figura de urgencia manifiesta, a la firma Thomas Greg & Sons, para que continuara al frente de este trámite un año al menos.

Mientras anunció “la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista”. Entre medias, aún con espejo retrovisor, pese a completar casi 14 meses de gobierno, el canciller culpa a la anterior administración de esta crisis al haber prorrogado el contrato que vencía el 31 de julio de 2022. Pero, qué pasó desde la última adición que terminaba el 31 de octubre del año pasado, ¿quién autorizó las nuevas prórrogas vigentes hasta ahora?

A Thomas Greg & Sons, la multinacional que ha manejado durante los últimos años la expedición de los pasaportes en Colombia, reconocida por tener la capacidad logística, técnica y financiera para llevar a cabo este proceso, le han llovido rayos y centellas, por intentar seguir al frente del mismo. De hecho, en un mensaje en su red social X, el presidente Gustavo Petro cuestionó el concurso público, exigió una competencia justa, ordenó tumbar licitaciones con un solo oferente, y le señaló a sus funcionarios que no se trataba de suspenderlas, buscando que el tiempo los acorralara para escoger a un único proponente. ¿Quién dijo miedo? O compiten, o compiten.

Habida cuenta de señalamientos, quejas y denuncias alrededor de esta licitación que pusieron en tela de juicio su transparencia, se requiere un acompañamiento permanente de los entes de control. Pero también, garantías de la Cancillería de que escogerá la propuesta que resulte más conveniente para los intereses de los colombianos, de acuerdo con la capacidad e idoneidad demostradas por los proponentes en la prestación de este imprescindible servicio público del Estado, sin detenerse en sesgos de ninguna naturaleza, especialmente de carácter político.

Tampoco se trata de ser ingenuo, sino de entender que basta con ajustarse a la legalidad y adoptar condiciones fiables en los pliegos, porque para eso existen las normas, en vez de intentar construir un modelo a imagen y semejanza de determinados intereses buscando favorecer a tal o cual. Que no se olvide que lo perfecto es enemigo de lo bueno y en este caso es mucho lo que está en juego. Por un lado, el elevadísimo valor del contrato: $600 mil millones. Y, por otro, el colapso que supondría quedarnos sin una empresa que se haga cargo de este crucial trámite.

Llama la atención el desespero de algunos por obtener su pasaporte. Casi todos, adultos jóvenes preocupados porque perderían la oportunidad de contar con su boleto de salida o de escape de una crisis de desesperanza que ha socavado sus opciones de futuro posible en Colombia. No son mujeres ni hombres extremadamente vulnerables, muchos de esos compatriotas también quieren marcharse, pero no con pasaporte en mano.

En el primer caso, proceden de familias de clase media asfixiadas por el estancamiento de su poder adquisitivo. Es una pena que los árboles no nos dejen ver el bosque. O lo que es lo mismo: centrados como estamos en si el presidente Petro desconoce o no la validez de una licitación con un único oferente, pese a que la Ley 80 de Contratación Pública así lo avala, pasamos por alto que los jóvenes busquen irse a como dé lugar.

Seguramente no faltarán populistas o demagogos a quienes ese desgranado éxodo les resultará ideal para sus peroratas de turno, munición retórica para la polarización, pero que un país no ofrezca a sus nuevas generaciones razones para quedarse es una tragedia. Debemos pensar en cómo resolver en el largo plazo lo de los pasaportes, pero también en nuestra incapacidad de mirar unidos al futuro.